Régimen Jurídico de los Centros de Protección y Reforma de Menores

Desde unos años atrás, la opinión pública se ve habitualmente golpeada por casos dramáticos cuyos protagonistas son menores: menores delincuentes que cometen delitos graves, menores víctimas de delitos graves, cometidos por otros menores o por adultos, a veces los mismos adultos que tienen el deber de velar por ellos. Menores extranjeros que llegan a España solos y viven expuestos al peor destino. Menores conflictivos cuyos padres piden a la Justicia y a la administración que los asista en una tarea educativa que con sus hijos parece imposible.…
Unos y otros son enseguida atendidos por una compleja maquinaria administrativa de protección e intervención que, en aras al interés superior del menor, principio pilar de todo el Derecho de Menores, puede determinar su internamiento en un centro, provisional, temporal o indefinidamente.
Sobre los centros de menores en nuestro país, la opinión pública ha podido sorprenderse así mismo en los últimos años, por denuncias y quejas de particulares y por informes de organizaciones no gubernamentales implicadas en la defensa de menores. También del Defensor del Pueblo, que ha realizado ya informes monográficos sobre el particular y los Defensores del Menor de algunas Comunidades Autónomas, que han puesto su punto de mira en estos centros, sobre todo en algunos aspectos que involucran el respeto a los derechos mas fundamentales de los menores ingresados. Aquellas denuncias y estos informes resultan alarmantes.
Este estudio muestra los distintos tipos de centros para menores que existen en España y los programas que en ellos se siguen, atendiendo el perfil del menor que ingresa, y la razón por la que ingresa.
En el deseo último de valorar cómo funciona a este respecto la administración Pública y con qué instrumentos cuenta para proteger, cuidar y ayudar a los menores que se incorporan al Sistema de Protección y/o al Sistema de justicia juvenil y Reforma, se expone el marco jurídico de cada uno de estos sistemas y el régimen jurídico de los centros en particular. Se considera al respecto, tanto la normativa internacional, como la estatal, y la dispersa normativa autonómica, ya que en esta materia, cada Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias, diseña, organiza y gestiona sus centros con arreglo a criterios propios.