Instrumentos Jurídicos de Derecho Civil y Tributario para la Protección y Financiación del Monte Mediterráneo
El presente libro acomete una aproximación jurídica al Monte Mediterráneo, desde el punto de vista de su conservación y su gestión. Tratamos de estudiar sistemáticamente los mecanismos de Derecho privado y de Derecho Financiero que el ordenamiento nos ofrece para su protección. El tema es de rabiosa actualidad, y de hecho en la campaña electoral para las elecciones generales de 9 de marzo de 2008 uno de los argumentos básicos del debate ha sido, siguiendo un poco lo que es el interés cada vez mayor de la opinión pública, el problema del cambio climático, y junto a éste, los mecanismos para combatirlo. Entre estos mecanismos, los principales partidos políticos que concurrieron a las elecciones se comprometieron específicamente a adoptar propuestas de índole más ecológico, algunas puramente fiscales, pero otras mucho más específicas y cercanas al objeto de nuestro estudio, como la plantación masiva de millones de árboles, como mecanismo de fijación de los gases de efecto invernadero. Propuestas que van desde la plantación de entre 40 y 500 millones de árboles y arbustos, hasta la defensa de una revisión en profundidad del sistema tributario para acoger siquiera parcialmente la llamada reforma fiscal verde.
Además, desde el punto de vista jurídico, la legislatura que ahora termina ha supuesto un indudable paso adelante en la protección por los textos normativos del bien jurídico medio ambiente. Se han aprobado a última hora leyes de hondo calado ambiental, y que mencionaremos más adelante, como la tan esperada Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental que finalmente traspone la Directiva 2004/35/CE, o la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También otras leyes han supuesto un notable avance y consolidación de prácticas previas, como la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En la Comunidad Autónoma de Andalucía destaca la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
