Eficacia registral de las resoluciones judiciales dictadas en procesos civiles seguidos contra la herencia yacente El trabajo analiza desde una perspectiva crítica la doctrina que la DGRN viene manteniendo desde la Resolución de 27 de octubre de 2003 determinante de la confirmación de calificaciones denegatorias de la inscripción de sentencias dictadas en procedimientos civiles declarativos o de anotaciones preventivas de embargo acordadas en procesos de ejecución, dirigidos, generalmente en rebeldía tras citación edictal, contra la herencia yacente, comunidad hereditaria o desconocidos, ignorados o inciertos herederos de una persona fallecida, doctrina que parece haber evolucionado de modo favorable a la inscripción o anotación con la Resolución de 19 de agosto de 2010 publicada en el BOE de 27 de septiembre.
Tras una breve mención a las figuras de la herencia yacente, heredero y comunidad hereditaria, insuficientemente perfiladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el autor se adentra en el análisis de los argumentos, señaladamente de naturaleza procedimental o procesal, empleados por la DGRN en justificación de su doctrina, discrepando de todos ellos salvo en la necesaria llamada, en último lugar, a la Administración General del Estado o entidad autonómica correspondiente, como potencial heredero abintestato.
INTRODUCCIÓN
1. Herencia yacente versus heredero y comunidad hereditaria
2. La demanda contra la herencia yacente. Innecesariedad de dirigirla contra la comunidad hereditaria o contra los herederos desconocidos, ignorados o inciertos
3. La doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado
4. Crítica de la doctrina dominante de la DGRN
5. Propuesta de estrategia procesal que ampare en la medida de lo posible los intereses en conflicto
6. Admisión a trámite y sustanciación de la demanda contra la herencia yacente. Anotación preventiva
7. Doctrina de las RRDGRN de 19 de agosto de 2010 y 10 de enero de 2011
8. Herencia yacente versus hipoteca inversa
FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ
Valladolid 1962, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y miembro de la Carrera Judicial desde 1987, ha servido en distintos destinos, primero como Juez -O Barco de Valdeorras (Orense)-, y luego como Magistrado durante dos años en el Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid, y otros trece en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Valladolid, donde colaboró con la Escuela Judicial como tutor de Jueces en Prácticas, así como con diversas conferencias en actividades formativas del Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos y Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. Desde 2006 está destinado en la Sala de lo Contencioso-Administratvo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ha participado con ponencias en cursos o seminarios del Consejo General del Poder Judicial, entre otras. «Competencia territorial en los procesos promovidos por el Banco Hipotecario al amparo de la Ley 2 de diciembre de 1872», en Cuadernos de Derecho Judicial, vol. 16/1993; «Legitimación activa y pasiva en el juicio verbal dirigido contra la Resolución expresa o presunta de la DGRN tra la Ley 24/2005, de 18 de noviembre», en La revisión judicial de la calificación registral. Consejo General del Poder Judicial-Decanato Autónomico del Colegio de Registradores de Castilla y León. Centro de Documentación Judicial 2007.
Coautor en la obra colectiva «Criterios judiciales de aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», La Ley 2003, ocupándose de la materia relativa al embargo y ejecución forzosa.
