Responsabilidad extracontractual por ruina de los edificios. El régimen de los artículos 1907 y 1909 del código civil

Introducción.

Desde la Edad Antigua, el Derecho se ha ocupado de establecer una regulación preventiva y resarcitoria de los daños causados por la ruina de los edificios, que alcanzó su plenitud en el Derecho romano.

En la actualidad, la práctica totalidad de los códigos civiles contienen un precepto que determina que el propietario (o, en su caso, el poseedor) de un edificio ha de responder por los daños causados por su ruina, que convive siempre con otra norma que alude a los daños causados por hecho personal, y, en algunos ordenamientos, con una tercera que disciplina los daños causados por las cosas en general. La norma primigenia de la regulación codicial de los daños causados por la ruina de los edificios se encuentra en el artículo 1386 del Code Civil. Han sido precisamente los autores franceses, junto con los italianos y argentinos, quienes han dedicado un mayor esfuerzo exegético al estudio de esta particular responsabilidad.

Aprecia Peirano Facio, al referirse al artículo 1327 del Código Civil uruguayo, que disciplina los daños causados por la ruina de los edificios, que «se da la curiosa circunstancia de que este artículo, que ha merecido un cuidado especial de parte del legislador, fuera siempre considerado, a los efectos hermenéuticos, como norma de carácter secundario desprovista de vida propia»1). Esta conclusión puede trasladarse, sin temor a incurrir en equivocación alguna, al caso español. Tanto es así que en la propuesta de Código Civil realizada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil, al cargo de Bercovitz Rodríguez-Cano, el resarcimiento de los daños causados por la ruina de los edificios no resulta merecedor de regulación propia (lo que puede calificarse como una anomalía en el entorno comparado), sino que su régimen se integra en la regla general de responsabilidad por hecho propio, y fundamentada en la culpa (art. 5191-1, en relación con el art. 5191-8). Llama la atención, por el contrario, que esta propuesta privada sí contenga una regulación específica de los daños derivados de objetos caídos o arrojados (art. 5191-12), dentro de lo que se incluyen los árboles situados en sitios de tránsito (apartado 1), o de las cosas arrojadas o caídas de una casa (apartado 2) 2).

Tampoco los Principles of European Tort Law (PETL) aluden a los daños causados por las cosas en general, ni a los causados por los edificios ruinosos en particular, aunque su Capítulo 5, intitulado «responsabilidad objetiva –strict liability– », probablemente podría acoger algunos supuestos de la responsabilidad que aquí estudiamos, mediante la extensión analógica permitida por el artículo 5:102 PETL, entendiendo que se trata de un supuesto asimilable a las actividades anormalmente peligrosas a que se refiere el artículo 5:101 PETL. En este punto, conviene llamar la atención sobre el hecho de que no solo las actividades humanas, en utilización de las cosas como instrumento del daño, sino también las cosas por sí solas, especialmente cuando adolecen de algún vicio, son capaces de causar perjuicios resarcibles3) que la víctima no tiene por qué soportar.

La falta de interés doctrinal por el régimen de responsabilidad que nos ocupa, ha supuesto la ausencia de una definición depurada de la noción de «ruina del edificio» en el sentido de los artículos 1907 y 1909 CC. Al contrario de lo sucedido en Francia e Italia, donde se han producido interesantes aportaciones doctrinales, en nuestro país la cuestión de la definición se ha zanjado afirmando que el término «edificio» se refiere a «cualquier género de construcción» (por cierto, sin definir el término «construcción»), al tiempo que la noción del vocablo «ruina» se identifica con el término homónimo alcanzado a partir de la exégesis de los artículos 389 y 1591 CC, lo que no resulta del todo correcto, y da lugar a diversas disfunciones.

Los problemas interpretativos que presenta la responsabilidad que será objeto de este estudio, tienen su origen, en gran medida, en la indeterminación de la ratio legis inspiradora de los preceptos que la disciplinan, lo cual se traslada a la determinación del fundamento de esta responsabilidad, de las causas de exoneración y del sujeto obligado a responder. No se trata de un problema local, sino común a todos los países que han bebido de la misma fuente francesa. Sin embargo, nuestro ordenamiento presenta algunas dificultades añadidas, derivadas de la implementación de un factor temporal en el artículo 1909 CC (bajo la expresión «dentro del tiempo legal»), que dificulta notoriamente la consistencia del sistema.

Nuestros autores y nuestra jurisprudencia han realizado una interpretación de base subjetiva de la expresión «falta de las reparaciones necesarias» que se contiene en el artículo 1907 CC, que, debidamente traducida como «omisión culposa del deber de reparar», motiva un viraje hacia la culpa de esta responsabilidad, lo cual, no solo contradice a sus antecedentes históricos lejanos, sino que puede dejar a las víctimas de estos accidentes, en un buen número de casos, en el más absoluto desamparo. Por esta razón, diversos autores han interpretado tempranamente que la falta de reparaciones puede deberse a causas no culposas, pese a lo cual la víctima merece ser igualmente resarcida. Esta cuestión atrae la conocida discusión doctrinal que se refiere a la función del Derecho de daños, y, más concretamente, a su faceta punitiva versus resarcitoria. En realidad, basta con una interpretación literal, histórica y sistemática de la expresión «falta de las reparaciones necesarias» para que resulte posible una interpretación objetiva de esta responsabilidad, en beneficio de las víctimas.

Nuestros tribunales, en un loable esfuerzo en favor de la llamada «justicia material», pero decididos a no abandonar el dogma de la culpa, han aplicado diversas soluciones que, con mayor o menor brillantez argumental, acaban obteniendo el resultado pretendido, que no es otro que desvincular la culpa aquiliana de la aplicación de esta responsabilidad, especialmente cuando sea patente que el obligado a realizar las tareas de mantenimiento y conservación no ha incurrido en culpa alguna, al menos si el asunto se observa atendiendo a parámetros de diligencia del «hombre medio razonable»4) y en una interpretación ex ante y no ex post daño, o cuando la causa de la ruina permanezca desconocida. Para alcanzar tal resultado, nuestros tribunales (siguiendo en esto, especialmente, a los autores italianos) han retorcido el concepto de culpa (reconvertido en culpa objetiva, culpa tipificada o culpa sin culpa), se ha tratado de confundir las nociones de culpa y daño, haciendo innecesaria la prueba de relación causal entre ambos (el hecho de la ruina habla por sí solo –res ipsa loquitur– de la falta de las reparaciones necesarias, y éstas no son imaginables sin culpa del obligado), o, directamente, han soslayado subsumir el supuesto de hecho en el artículo 1907 CC para dirigirlo al artículo 1902 CC, lugar donde han hecho aplicación de los denominados «expedientes paliativos de la culpa» para lograr el resultado pretendido.

Desde el momento en que se realiza una extensión del concepto de «ruina de los edificios», para abarcar supuestos que no requieren de caída o desplazamiento de material alguno, resulta inevitable abandonar el terreno de la culpa para aproximarse al de la responsabilidad objetiva. Para llegar a esta conclusión basta con caer en la cuenta de que existen numerosos supuestos en los que un edificio puede presentar «ruina» sin haber mostrado previas señales visibles de deterioro, y no por ello la víctima ha de verse impedida de percibir su justa indemnización por el daño sufrido a consecuencia de aquella.

Por otra parte, ha de observarse que, en múltiples ocasiones, el daño sufrido por un tercero puede producirse al margen de la culpa del obligado: un edificio puede haber sido usurpado por okupas que impiden con fuerza que el propietario realice las necesarias labores de conservación o apuntalamiento, las tuberías que se encuentran bajo el suelo de un apartamento pueden sufrir una rotura que inunde las plantas inferiores, y un bebé puede ser propietario de un edificio recientemente adquirido por testamento, que se derrumba en las siguientes horas causando daños. Si en todos estos casos, como en otros muchos, se decide que la víctima merece ser indemnizada, el título de imputación de esta responsabilidad no podrá atender a parámetros de culpa subjetiva.

Así se explica que en buena parte de los ordenamientos de nuestro entorno jurídico (incluso en los que se sostiene que esta responsabilidad presenta una naturaleza culpabilística), no se admite que la prueba de la inculpabilidad del propietario le exima de responsabilidad, sin perjuicio de que, una vez resarcida la víctima, pueda accionar contra el verdadero culpable. En nuestro país, sin embargo, parece admitirse (al menos a título dialéctico) que la cumplida demostración de su diligencia permite al propietario liberarse de la responsabilidad que le viene legalmente impuesta.

El artículo 1909 CC determina la responsabilidad de los agentes de la edificación si la ruina devino por «defecto de construcción» y «dentro del tiempo legal». La redacción de este precepto, criticada con razón por nuestra doctrina, deja en el aire dos cuestiones de indudable relevancia práctica. La primera de ellas, si la reclamación de la víctima contra los agentes de la edificación (exart. 1909 CC, dentro del tiempo legal), excluye la reclamación contra el propietario (exart. 1907 CC). La segunda, si, una vez transcurrido dicho «tiempo legal», los agentes de la edificación pueden todavía ser demandados por la víctima con base en el artículo 1902 CC.

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) ha venido a enturbiar aún más, si cabe, el panorama de esta responsabilidad, especialmente en lo que se refiere a la interpretación del «tiempo legal». La jurisprudencia, de acuerdo con parte de la doctrina, ha concluido que tal expresión se refiere a los tres plazos establecidos por el artículo 17.1 de la LOE, cuando el supuesto de hecho se hubiera de subsumir, por razones temporales y objetivas, dentro de dicha Ley. Esta interpretación ocasiona dificultades prácticamente irresolubles, ya que la LOE ha excluido de su ámbito de aplicación varios tipos de construcciones que, visto desde la óptica extracontractual, merecen participar del régimen jurídico generalmente establecido, cuando de su mal estado se derive un daño extracontractual.

Un último escollo en el estudio de esta responsabilidad es el que se presenta con motivo de la determinación del sujeto responsable. Cuando se sostiene que atiende a una naturaleza subjetiva o culposa, no parece que tenga sentido hacer responder al «propietario» del edificio (como indica el artículo 1907 CC), cuando estuviese ocupado por otra persona, ni, especialmente, cuando las labores de mantenimiento y conservación hubieran sido asumidas por un tercero. Desde esta óptica subjetivista, la doctrina interpreta que dicho precepto autoriza a extender la responsabilidad a otros sujetos diferentes del propietario, aunque se discute si su responsabilidad se suma a la de éste o la sustituye. La jurisprudencia, por su parte, asegura que el artículo 1907 CC tan sólo resultará aplicable al propietario en cuanto a las reparaciones que le corresponde realizar a él, no así cuando correspondan a otro sujeto que en alguna forma (legal, contractual o incluso tácitamente) las hubiera asumido. Los problemas que surgen de esta posición son varios y todos ellos juegan en perjuicio de la víctima, ya sea porque pierde la garantía del resarcimiento que le ofrece el texto diseñado por el legislador al predeterminar al propietario como sujeto responsable (quien respondería, al menos a priori, con la garantía que ofrece el ser propietario del inmueble), ya porque se dificulta enormemente la acción de la víctima cuando su resarcimiento se hace depender de situaciones jurídicas que le son completamente ajenas.

Por último, la LOE ha generado múltiples dudas en relación con el sujeto obligado a responder exartículo 1909 CC del daño causado a un tercero. Para algunos autores, habrán de responder todos los denominados «agentes de la edificación», sin distinción alguna; para otros, sólo habrán de responder aquellos que guarden una relación directa con la proyección o la ejecución material de la obra (arquitectos y constructores). Especialmente, se discute si el promotor inmobiliario, garante del resarcimiento de la víctima contractual, ha de serlo también en sede extracontractual, respondiendo solidariamente con el resto de agentes declarados responsables.

A lo largo de este trabajo intentaremos poner en valor el régimen establecido por los preceptos que rigen la responsabilidad civil extracontractual por ruina de edificios (arts. 1907 y 1909 CC), dejando al margen, en esta ocasión, los aspectos administrativos o penales de esta responsabilidad.