En todo Estado el tema de la Administración Pública es, después del tema político, el más importante, complejo y delicado, y siempre hay que abordarlo con la máxima prudencia y equilibrio ofreciendo claves prácticas que permitan armonizar los postulados muchas veces antitéticos del Derecho del trabajo, administrativo y financiero con los imperativos de naturaleza cultural y económica de nuestro actual Estado social, democrático y de Derecho.
Las personas que componen y sirven a las Administraciones Públicas son la clave de su eficacia y la esencia de la Administración. El derecho de los ciudadanos a una buena administración depende de varios factores, entre los cuales el más importante es, sin duda, su elemento humano, el personal al servicio de la Administración.
Esta obra ofrece las claves prácticas que debe contemplar cualquier reestructuración de las Administraciones Públicas, analizando e integrando las peculiaridades de su régimen jurídico en función de las personas jurídicas (concepto y régimen jurídico del sector público) y de las personas físicas (empleados públicos) que las integran. Todo ello en el marco de una política dirigida por el Gobierno con un papel predominante de la ley y de las autorizaciones del Ministerio de Hacienda que deben respetar y dejar un margen de actuación a la negociación colectiva de los empleados públicos (funcionarios, estatutarios y laborales).
Lo público no es “algo que es”, sino que esta “siendo constantemente” en función de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. De ahí que las claves prácticas que se exponen tengan en cuenta no solo la legislación y la jurisprudencia, sino también un detallado estudio de la evolución de las reestructuraciones de las Administraciones Públicas desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 para poder comprobar cómo se han abordado con ocasión de las principales crisis de nuestra actual democracia: crisis del petróleo, pactos de la Moncloa y la reconversión industrial (1975-1985); la época expansiva desde 1985 a 2008, excepto la crisis de 1992-1993; la crisis de deuda pública (2009-2019); el proceso soberanista en Cataluña (“procés”, 2017); el estado de alarma causado por el coronavirus covid 19 (2020- ¿?).
