La traducción y la interpretación son herramientas esenciales para asegurar el acceso igualitario de los ciudadanos extranjeros que no hablan la lengua del país de acogida a la sanidad, la educación, los servicios sociales o la justicia. Se trata de una actividad indispensable, por tanto, para la cohesión social y para un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos. 
Sin embargo, a pesar de su importancia, en España todavía persiste en muchos casos la idea de que para ejercer de intérprete y traductor en los servicios públicos basta con el conocimiento de dos idiomas. Así, vemos como muchas de las personas que actúan de intérpretes en juzgados, comisarías, hospitales, colegios o centros de acogida, carecen de formación suficiente para desempeñar esta labor, lo que repercute negativamente en la calidad del servicio. De esta manera, se socavan los derechos de los usuarios y se desperdician medios de naturaleza pública. 
El presente monográfico trata de describir de manera minuciosa cómo se abordan actualmente las necesidades de traducción e interpretación en los servicios públicos españoles, dedicando cada capítulo a la situación en una o dos comunidades autónomas. Para ello se han querido reflejar los cambios acontecidos en la última década en España, que ha estado marcada por fenómenos como la crisis de los refugiados, la proliferación de la interpretación a distancia, la aprobación y transposición de la Directiva Europea 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales y, sobre todo, por la crisis económica, que ha exacerbado la subcontratación de los servicios de mediación lingüística, poniendo en peligro los incipientes avances conseguidos hasta el momento. 
Este volumen es el resultado de una investigación liderada por miembros de la Red Comunica (Observatorio Permanente sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos), pertenecientes a diversas universidades españolas.