¿Cuáles son las relaciones entre el sistema de empleo público y la mala administración y la corrupción? ¿Cómo pueden la regulación del régimen jurídicos de los altos cargos y de los empleados públicos contribuir al buen gobierno y a hacer realidad el derecho a una buena administración en un marco de integridad?
En el presente libro, de la mano de reconocidos expertos, se analizan los problemas existentes en España debido a las débiles exigencias legales de profesionalidad de los cargos directivos de todas estas entidades pública; se describen los mecanismos institucionales que permiten la incorporación al empleo público de personas que no han probado su mérito y su capacidad en un proceso competitivo de acceso libre; se analizan los códigos de conducta y se presta atención a dos garantías concretas de la integridad del personal al servicio de la Administración: la tipificación de sanciones y la imposición de las correspondientes sanciones, por un lado, y el nuevo papel de las denuncias en la lucha contra la mala administración y la corrupción, lo que en el ámbito internacional se conoce como whiseltblowing.
Todo ello con un análisis de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, en tramitación en el momento de escribir estas líneas en el parlamento español, y con propuestas de mejora concretas del sistema.
