Como dice Javier de Lucas, prologuista de esta obra, el debate sobre los derechos de los animales es, ante todo, una cuestión política, esto es, relativa al sentido de los fines y medios que definen lo que podríamos llamar, en términos clásicos, el modelo de sociedad justa o decente. Sin embargo, no merece ninguno de esos calificativos un sistema social y económico antropocéntrico al que el sufrimiento de los animales le es indiferente porque los concibe como un instrumento al servicio de las necesidades o los deseos de los animales humanos. Los autores del presente trabajo coinciden en reconocer a los animales el derecho moral a no sufrir padecimientos injustificados o, si se prefiere, el interés por no sufrir. Es más, o cambiamos nuestro modo de relacionarnos con la biodiversidad o nuestra propia vida correrá serio peligro. Precisamente, en tiempos de COVID 19 parece más urgente que nunca recordar que el comercio de especies silvestres y la deforestación son dos de los fenómenos con más impacto en la degradación de los hábitats y el incremento del riesgo de enfermedades zoonóticas. Por todo ello, como reconoce en la presentación del libro el Director General de derechos de los animales, resulta inaplazable abordar de manera decidida la tutela jurídica -civil, administrativa y, en última instancia, también penal- de los animales. Pero debe hacerse desde la racionalidad jurídica. Ello implica, especialmente cuando se trata de la tutela penal, respetar los límites que la Constitución impone al derecho del Estado a castigar, evitando caer en un modelo hipertrofiado de sanción penal con quiebra de la legalidad, la ofensividad y la intervención mínima. Más urgente que una nueva reforma penal es, de un lado, proceder a la descosificación jurídica de los animales y, de otro, cambiar las actuales condiciones de vida y de muerte de los que están sometidos a un inaceptable sistema de explotación intensiva, lo que exige tanto la mejora de la legislación, cuanto intensificar los mecanismos de control de su cumplimiento.
Preámbulo
Tit. PRELIMINAR. Disposiciones generales
Tit. I. De los interesados en el procedimiento
- Cap. I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado
- Cap. II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo
Tit. II. De la actividad de las Administraciones Públicas
- Cap. I. Normas generales de actuación
- Cap. II. Términos y plazos
Tit. III. De los actos administrativos
- Cap. I. Requisitos de los actos administrativos
- Cap. II. Eficacia de los actos
- Cap. III. Nulidad y anulabilidad
Tit. IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
- Cap. I. Garantías del procedimiento
- Cap. II. Iniciación del procedimientoCap. III. Ordenación del procedimiento
- Sec. 1.ª Disposiciones generales
- Sec. 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración
- Sec. 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado
- Cap. IV. Instrucción del procedimiento
- Sec. 1.ª Disposiciones generales
- Sec. 2.ª Prueba
- Sec. 3.ª Informes
- Sec. 4.ª Participación de los interesados
- Cap. V. Finalización del procedimientoCap. VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común
- Sec. 1.ª Disposiciones generales
- Sec. 2.ª Resolución
- Sec. 3.ª Desistimiento y renuncia
- Sec. 4.ª Caducidad
- Cap. VII. Ejecución
Tit. V. De la revisión de los actos en vía administrativa
- Cap. I. Revisión de oficio
- Cap. II. Recursos administrativos
- Sec. 1.ª Principios generales
- Sec. 2.ª Recurso de alzada
- Sec. 3.ª Recurso potestativo de reposición
- Sec. 4.ª Recurso extraordinario de revisión
Tit. VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
- Disposiciones adicionales
- Disposiciones transitorias
- Disposición derogatoria
- Disposiciones finales
Tabla Alfabética
Índice por Epígrafes
- Este Código forma parte de la «Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas con jurisprudencia sistematizada y concordancias, publicada por Lefebvre. La referida Colección, integrada por las principales normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico, constituye un compendio riguroso y actualizado de su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica de esta Colección deriva, en gran medida, del profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y autores, y convierte esta Colección en referencia indispensable en la biblioteca de todos los profesionales del Derecho.
- Con las ventajas de la sistemática Memento, lo que permite un acceso mucho más rápido a la información gracias a su tabla alfabética y sus números al margen de cada párrafo.
- También incluye reenvíos al Memento Procesal Contencioso-Administrativo, permitiendo pasar directamente del articulado del Código a la solución práctica y de directa aplicación que solo encontrarás en el Memento.
- Esta edición de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rigurosamente actualizada, incluye una profunda revisión de los comentarios de cada precepto conforme a la última normativa y jurisprudencia.
- Entre otras modificaciones legislativas destacan las introducidas por la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- También incluye la última corriente jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como la importancia del interés público, que no impide el plazo de caducidad (TS 3ª 12-3-19, EDJ 523723) y el procedimiento iniciado de oficio (TS 3ª 28-5-19, EDJ 595953).
Coordinador de la Colección:
Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces
Vicepresidente del Tribunal Supremo
Autores:
Excmo. Sr. D. Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
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