En este trabajo, tras unas imprescindibles pinceladas históricas, se explican algunas particularidades del vigente régimen jurídico de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. La aprobación unilateral de algunas tarifas (v. gr. por la comunicación pública), la recaudación de otras (las correspondientes a la copia privada o a los préstamos bibliotecarios), su actuación, dentro y fuera del proceso, en representación de intereses difusos o de derechos de terceros, y el control de determinadas operaciones mercantiles privadas, son algunos de los privilegios con que cuentan estas entidades para cumplir con los fines, algunos de interés general, que tienen encomendados.
Los controles públicos, en relación con la creación y con la actividad que desarrollan estas entidades, constituyen un necesario contrapeso a los poderes exorbitantes de que disfrutan. En este estudio pueden encontrarse algunas reflexiones sobre las competencias estatales y autonómicas en la materia, algunas páginas sobre la falta de adaptación de las entidades de gestión al Estado autonómico y, sobre todo, puede verse una detallada exposición de los controles públicos existentes.
El régimen jurídico de la propiedad intelectual sufrirá, sin duda, importantes modificaciones en los próximos años. Nada hace pensar que, a corto plazo, vaya a cambiar el papel esencial que las entidades de gestión interpretan en un sector económico cada vez más importante. Tal vez por ello resultaba más necesaria que nunca esta aproximación desde el Derecho público.
