El Derecho Urbanístico, entendido como conjunto de normas -jurídicas y técnicas- que tienen por finalidad la regulación del uso del suelo y de la edificación, se ha convertido en los últimos tiempos en una de las materias que más interés despiertan tanto en los ciudadanos en general como en sus representantes políticos.
En efecto, tanto las Comunidades Autónomas como los Municipios, principales actores del urbanismo, se muestran cada día más preocupados por una especialidad de la mayor trascendencia ciudadana dentro de su ámbito competencial, ya que de una u otra forma de entenderla tendrán unos resultados muy distintos en lo que se refiere a dar respuesta a las necesidades de la población para usos residenciales, industriales, de espacios libres, zonas verdes y dotaciones de infraestructuras generales y locales, lo que se plasma en la realidad a través de dos niveles normativos, uno autonómico -la legislación sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, así como la aprobación de determinados instrumentos de ordenación urbanística- y otro municipal, mediante la tramitación y, en su caso, aprobación de los distintos Planes de urbanismo, la gestión de sus previsiones mediante la reparcelación o la expropiación y, como última función, la concesión de licencias urbanísticas y la reacción contra las obras que se ejecuten sin contar con dicha autorización.
