La constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas
A Propósito de la Propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
Se está llevando a cabo en España un proceso de reformas estatutarias que inciden de forma directa sobre la gestión y administración del agua.
Partiendo de una situación inicial de ambigüedad en el texto constitucional, y de una cierta heterogeneidad interpretativa en los distintos Estatutos respecto a la consideración de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, parecía razonable que se utilizase la experiencia adquirida desde la aplicación de la Ley de Aguas de 1985 para perfeccionar y, en su caso, redefinir el marco global al que debía ceñirse un asunto de tan capital importancia.
El camino adoptado no ha sido ese. Con el mismo ambiguo esquema constitucional de 1978, pero en unas circunstancias sociopolíticas bien distintas de aquellas, las actuales propuestas de reformas estatutarias han optado en general por recabar para sí una mayor capacidad de intervención sobre las aguas, han forzado una territorialización de los recursos hídricos por completo ajena a la tradición española del último siglo y a las modernas tendencias internacionales, cuando no, directamente, han adoptado decisiones claramente reservadas a la competencia exclusiva del Estado.
En estas circunstancias, en ausencia de un dibujo previo del esquema global, existe un riesgo cierto, hoy manifiesto, de inconsistencia e incompatibilidad, en mayor o menor grado, tanto de las normas estatutarias con la Constitución como de éstas entre sí.
No se trata, como a veces se ha dicho, de la emergencia de un nuevo modelo sobre la ordenación del agua en España. Se trata más bien de un proceso desordenado de superposición de iniciativas y de voluntades políticas locales. Asistemáticas y heterogéneas, ceñidas a ámbitos territoriales reducidos. Y en interés exclusivo de esos ámbitos, que con frecuencia colisionan entre sí y que, sin cuestionar abiertamente el modelo vigente, lo debilitan y distorsionan. Impidiendo de hecho conformar un marco global estable, viable, seguro y bien fundamentado.
Y ello no se ciñe tan solo a una pugna entre comunidades autónomas por adquirir mayores cuotas de jurisdicción sobre las aguas. Es el mismo núcleo de la competencia unitaria estatal sobre las aguas. El corazón de la autoridad del Estado para disponer de los recursos del país, el que se ve directamente menoscabado.
