Cecilia conoció a Jorge en Madrid, cuando él estudiaba tercero de Derecho. Por todos era conocido que eran novios. Ella se quedó embarazada, pero para cuando tuvo al bebé ya habían roto su relación. Aunque Jorge admitió su paternidad durante el embarazo, en el momento del nacimiento dijo que en esos momentos no quería saber nada. Cecilia, sola, tuvo que cuidar, mantener y educar a su hija, pues Jorge no hizo caso a sus requerimientos para que la reconociera y cumpliera sus deberes como padre.
Además, Cecilia tuvo problemas con sus progenitores a causa de su embarazo, que hicieron que se marchase del domicilio, teniendo que buscar ocupaciones ocasionales para poder mantener a la niña. Cuando se percató de que Jorge no se haría nunca cargo de la niña, ya habían pasado 13 años desde el nacimiento de su hija. Interpuso una demanda para que se declarase la paternidad de Jorge a favor de su hija y se acordase fijar una cantidad de dinero mensual en concepto de alimentos. Jorge se negó a reconocerla y a someterse a hacer la prueba biológica de paternidad.
El relato anterior es el punto de partida del trabajo Las madres solas ante los tribunales, la administración y las leyes. ¿Se perpetúa la discriminación?, en el que la autora denuncia, tras desgranar desde una perspectiva jurídico-feminista la historia de Cecilia y de diversos casos acontecidos durante los años 2016 y 2017, el desamparo en el que quedan muchas madres solas tras ser desoídas en sus justas reivindicaciones sobre cuestiones que atañen a la maternidad.
Así, entre otros temas, cuestiona la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no concede efectos retroactivos a la petición de alimentos realizada por la madre a favor de sus hijos menores cuando los haya estado satisfaciendo en solitario, estimando la autora que existen razones jurídicas suficientes para admitir, como se hace en otros ordenamientos, esta retroactividad.
Por otro lado, lamenta cierta línea jurisprudencial que ante la negativa del padre a realizar la prueba biológica, no declara la paternidad reclamada. Además, critica la postura de la administración que interpreta algunas normas de carácter sectorial destinadas a apoyar a las familias de manera discriminatoria para el modelo de familia monoparental por decisión voluntaria.
Finalmente, se pregunta si la composición aplastantemente masculina de los órganos judiciales superiores no influye en lo que considera una escasa sensibilidad de estos órganos ante los derechos de las mujeres que se enfrentan solas al reto de la maternidad
