1ª edición, Septiembre 2016
Marcial Pons Ediciones Jurídicas
SINOPSIS
La corrupción pública en España ha tendido a concentrarse, en buena medida, en el sector urbanístico durante las últimas décadas, produciendo un significativo coste económico y social y contribuyendo a que, en ocasiones, la Administración haya actuado de forma manifiestamente ilegal en el ejercicio de la función urbanística, instaurando un modelo de desarrollo «insostenible» que ha terminado por dañar muy seriamente espacios de gran valor medioambiental, sobre todo en los municipios del litoral.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años por el Derecho público para enfrentarse a la corrupción urbanística, la falta de efectividad en esa lucha ha sido evidente. Con la finalidad de lograr una mejor y más efectiva lucha contra la corrupción y reducir sus dañinas consecuencias, en el presente volumen el autor delimita y analiza en detalle el problema de la corrupción pública urbanística en España, señalando sus causas y consecuencias, así como los ámbitos más vulnerables y las prácticas corruptas más recurrentes, y presenta una serie de propuestas de prevención desde el Derecho administrativo, especialmente adaptadas a las características del fenómeno.
En particular, se exponen mecanismos para potenciar, en el sector urbanístico, la identificación y gestión continuas de los riesgos de corrupción, especialmente en las áreas sometidas a mayores riesgos, el refuerzo de la intervención de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en determinadas actuaciones, y el refuerzo de su imparcialidad, el impulso de las medidas cautelares en sede judicial, y la promoción de instrumentos para incrementar el acatamiento de las reglas de la ética pública y de la estricta legalidad en el ejercicio de funciones urbanísticas.
Esta obra ha obtenido el Premio Ferrer Eguizábal 2015 sobre Derecho administrativo en la categoría de mejor monografía publicada o inédita, así como el Premio Extraordinario de Doctorado del curso 2014/2015 otorgado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona.
