En el ámbito de la realidad y de «lo común», cabe realzar el problema social la nueva cuestión social de las pensiones derivado del factor estructural de la evolución demográfica (elevada esperanza de vida y bajas tasas de natalidad), el factor coyuntural de la crisis económica y del desempleo masivo (acentuado por las políticas de austeridad de orientación neoliberal), la tensiones económicas que pesan sobre la reducción del gasto público social impulsada desde la Unión Europea. Esa realidad «objetiva» y «construida» por las opciones de política del Derecho de carácter liberalizador constituye el entramado subyacente al proceso de reforma de las pensiones y las dificultades de llevarlas a cabo a través del diálogo y de la concertación social entre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias.
Con la reforma unilateral de la pensiones de 2012/2013 se ha producido una ruptura del modelo consensuado en la esfera político-jurídica y social de reforma de las pensiones.
Especialmente desde el Pacto de Toledo de 1995 ha existido una generalizada convicción y una práctica política y sindical de búsqueda de un amplio consenso entre las fuerzas políticas y las organizaciones profesionales para llevar a cabo reformas en materia de pensiones. En tal sentido, la realización de reformas concertadas o pactadas ha contribuido a crear un sentimiento persistente de confianza relativa sobre la capacidad del sistema público de responder a los retos estructurales y coyunturales a los que se enfrenta en cada momento histórico. Así, se ha reforzado la adhesión de todos los actores y grupos implicados hacia la búsqueda de soluciones que se presentan (o son presentadas oficialmente) como razonables y equitativas desde el punto de vista de la financiación y de la justicia social. En esa lógica se ha venido afirmando que las reformas pretendían garantizar la conciliación entre el principio de eficiencia y el principio de justicia social. Cuestión ciertamente distinta es que ese equilibrio siempre se haya conseguido efectivamente.
