Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Consejero Permanente de Estado y Presidente Emérito del Tribunal Constitucional, recuerda en el prólogo de la presente obra que «los derechos sociales son una de las bases del Estado Social que consagra nuestra Constitución».
A lo largo de los capítulos, se trata de analizar, desde una perspectiva jurídica, el tratamiento que tuvieron las materias sociales en las diversas constituciones históricas españolas que, a lo largo del siglo XIX, estuvieron vigentes (caso, por ejemplo, de las de 1837, 1845, 1869 o 1876) o llegaron a ser proyecto (caso, por ejemplo, de la nunca aprobada de la I República, de 1873). Concretamente, se indagan los motivos por los que, como ocurrió durante el reinado de Isabel II, el constitucionalismo olvidó esas materias, para preocuparse por otras (como la generalización del derecho de propiedad), a las que se dio prioridad, o se analiza el desarrollo de la normativa social durante el Sexenio Revolucionario y el origen de la legislación laboral en la I República y durante el régimen de la Restauración, sobre todo a partir de la gran reforma de 1900. Particular análisis merece, ya en el siglo XX, la Constitución de la II República de 1931, en la que por primera vez los derechos sociales tuvieron recepción en España. La obra termina con unas reflexiones sobre los fundamentos históricos de la vigente Constitución de 1978. Los autores de la obra son especialistas de diversas ramas del Derecho.
