Debido a la tragedia de las ejecuciones hipotecarias en masa, de la presión y del clamor social existente que solicitaban un cambio urgente en las leyes, el legislador se vio obligado a proceder a una reforma cuyas medidas y normas tuviesen la finalidad principal de aliviar y proteger la situación de los deudores.
A ello también se sumó la necesidad que había de superar la incompatibilidad existente entre la legislación española y la Directiva 93/13/CEE como así lo manifestaban las sentencias del TJUE de 14 de Junio de 2012 y de 14 de Marzo de 2013. La presión por tantos y diversos frentes originó la presente Ley.
Durante el análisis que se hará, cada lector podrá comprobar si se trata de una reforma acertada o no, qué calado tiene en la práctica real y jurídica, si realmente se ha conseguido flexibilizar las ejecuciones hipotecarias y quiénes finalmente se encuentran más protegidos si los deudores hipotecarios o cómo es la práctica habitual las entidades de crédito.
