Cuestiones problemáticas en la instrucción de los procesos penales
El presente trabajo se centra en la fase de instrucción y en cómo actúan en ella acusaciones y defensas.
En el sistema procesal penal español aún permanecen muchos rasgos del principio inquisitivo en la instrucción
que generan no pocos problemas y disfunciones. Esta obra aborda algunas de esas cuestiones,
que no tienen una solución fácil y son permanente fuente de dudas para los profesionales del foro
y de tratamientos dispares en los diversos Juzgados.
- Analiza los principales problemas de la fase de instrucción, incorporando las soluciones que,
en su caso, la doctrina y la jurisprudencia han habilitado para cada uno de ellos.
- Se avanza en el conocimiento de la instrucción penal y se ofrece a los profesionales del foro alternativas que pueden contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.
El presente estudio aborda los principales problemas de que adolece actualmente la fase de instrucción.
El primer Capítulo aborda una panorámica general sobre la fase de instrucción penal.
La investigación preliminar atribuida al Ministerio Fiscal es objeto de estudio en el Capítulo segundo.
El capítulo tercero explica los problemas que se plantean durante la investigación del Ministerio
Fiscal en delitos cometidos por menores, y cómo opera en ellos el principio de oportunidad.
A continuación, se abordan dos de los aspectos más controvertidos del procedimiento de la instrucción:
en el capítulo cuarto se analizan las condiciones para su inicio (y para su finalización prácticamente al comienzo)
y en el capítulo quinto las relativas a su duración.
En el siguiente Capítulo, el sexto, se recogen las posiciones críticas sobre el actual régimen de impugnación
y las alternativas propuestas en los Anteproyectos de LECrim presentados, así como algunas de las soluciones que
se podrían implantar, respetando siempre la contradicción y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los capítulos séptimo y octavo desarrollan los principales problemas que afectan a las acusaciones no públicas: la acusación popular y la acusación particular.
A continuación, se añade un Capítulo noveno relativo a la imputación de las personas jurídicas, y a los graves problemas que se plantean respecto al ejercicio de su derecho de defensa.
Los dos últimos Capítulos se centran en las medidas cautelares que se acuerdan en la instrucción:
las personales, analizando las recientes exigencias de permitir el acceso a las actuaciones que justifican la detención
preventiva o la prisión provisional; y las reales, exponiendo los problemas que genera el aseguramiento de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo.
