Manual de la procura
La complejidad técnica y riqueza del derecho procesal en el ordenamiento jurídico español tiene como consecuencia la existencia e intervención de distintos profesionales del Derecho. El presente estudio se circunscribe a la figura
del Procurador de los Tribunales.
La primera parte se dedica al estudio de la profesión: requisitos para el acceso, funciones, responsabilidades, relación con cada uno de los operadores jurídicos y con los justiciables, así como los momentos y causas de finalización
de su actividad. Realizado este análisis, nos posicionaremos en torno a la posibilidad y/o conveniencia de que la postulación procesal se desempeñe por una única figura como sucede en muchos de nuestros países vecinos o si, por
el contrario, resulta más beneficioso mantener su autonomía a través de dos profesionales: abogado y procurador. Como corolario, argumentaremos en relación al carácter de este requisito, facultativo o preceptivo, con las excepciones
que contempla la Ley actualmente y aportaremos una visión crítica sobre estos extremos.
En la segunda parte del estudio, propondremos soluciones para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que se materializan en la atribución a este colectivo de determinadas funciones, con el control y supervisión del
órgano judicial como: otorgamiento de poderes, mediación, actos de comunicación, enajenación forzosa de bienes y, con gran vehemencia citamos, la ejecución de sentencias. Además, el proceso de cambio tecnológico y transformación
digital que se está produciendo a nivel mundial tiene su reflejo en los activos empresariales y personales, así como en los contratos. Por lo tanto, si estos recursos han pasado a formar parte del patrimonio de las personas nuestra
legislación procesal y la reguladora de la ejecución se tienen que adaptar a los mismos, posibilitando tomar medidas de apremio referidas a ellos. Los mecanismos de ejecución preprogramada deben respetar el derecho a recurrir a
un juez para sancionar una irregularidad, controlar la proporcionalidad de la medida de ejecución o reparar el posible daño. El acceso a la Justicia y el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios en el marco de un juicio justo
constituyen condiciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
AUTORA: MARTA ANDRÉS GONZÁLEZ
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