La presente obra es fruto de dos proyectos de investigación titulados «Protección penal de la naturaleza y los bienes culturales», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y «La reforma de los delitos del título XVI del Código Penal: cuestiones prácticas», financiado por la Ceneralitat Valenciana. Aunque el marco de estudio lo constituyen diferentes ámbitos normativos incluidos en el Título XVI del Código penal, en la presente obra nos centramos en la protección penal del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.
El estudio que nos proponemos realizar se articula en tres vertientes (penal, criminológica e internacional) que pretenden ofrecer una visión global del rasgo distintivo de esta dinámica delictiva en la actualidad, su carácter trasnacional. A lo largo de los últimos años en las sociedades contemporáneas se está acentuado la expansión transnacional de nuevas formas de delincuencia contra los bienes culturales. Por ello, contamos con la visión de expertos que conocen este campo desde la perspectiva criminológica, jurídica, arqueológica o policial.
El análisis penal se centra en las figuras del expolio, el tráfico ilícito de los bienes culturales y sus vínculos con el blanqueo de capitales. A lo largo de las páginas que componen la obra se analizan dichos delitos, a la vista de las problemáticas puestas de manifiesto por los operadores jurídicos y policiales desde una perspectiva práctica, para concluir si son necesarios o no nuevos tipos penales y que aspectos de los delitos sobre el patrimonio histórico están presentando disfunciones.
De esa manera se ofrece una revisión de conjunto de la regulación penal, formulando propuestas de reforma y actualización, a la luz de las iniciativas internacionales dirigidas a armonizar las legislaciones nacionales, y en particular del Convenio del Consejo de Europa sobre las Infracciones relativas a los Bienes Culturales (Nico-sia, 2017). Pese a estar pendiente de firma por España, su importancia radica en que está completamente orientado a asegurar la aplicabilidad de las disposiciones incriminadoras nacionales, contemplando un amplio abanico de conductas típicas, con el objeto de colmar lagunas de los distintos regímenes jurídicos de los países firmantes.
