El control público sobre el sistema financiero, además de ser objeto de debate en la doctrina especializada, se ha convertido en una cuestión de interés para la opinión pública. No es
desconocida la sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con el sector financiero que se ha desarrollado en los últimos años, a partir de la crisis económica que se inició en 2007 y
que afectó gravemente tanto a la ciudadanía como a las estructuras públicas y económicas. En este contexto, algunas decisiones adoptadas por los poderes públicos no han dejado de ser controvertidas, reclamando diversos sectores de la sociedad una política en la que pese más la perspectiva social y colectiva frente a los intereses de los mercados financieros. Además, junto a las demandas de una acción de supervisión más eficaz y transparente, se ha cuestionado la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad en la generación de aquella difícil situación y en sus consecuencias.
