Seguridad alimentaria: retos y derecho penal
Las continuas crisis alimentarias acontecidas en los años 90 generaron un clima de desconfianza de los consumidores en la cadena alimentaria, propiciando una nueva política alimentaria basada en la adopción de medidas dirigidas a mejorar la gestión y a restaurar la confianza de los consumidores. No obstante, la abundante normativa y la regulación del sector alimentario no han conseguido evitar que los consumidores se sientan inseguros.
La seguridad alimentaria se ve comprometida por la globalización, los avances científicos, la aparición de nuevos alimentos o los posibles riesgos asociados a éstos. Riesgos que pueden afectar a bienes jurídicos esenciales, tales como la salud pública, y que justifican, en última instancia, la intervención no sólo del Derecho administrativo sino también del Derecho penal. Esta monografía se centra en la tutela de la salud pública mediante los denominados fraudes alimentarios nocivos, analizando si éstos pueden responder ante nuevas realidades como son los alimentos modificados genéticamente, sus implicaciones dogmáticas y, evidentemente, de lege ferenda, advirtiendo aquellas deficiencias aplicativas que precisan de una respuesta alternativa.
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO II. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
1. Seguridad alimentaria y derecho a la alimentación
2. Políticas de seguridad alimentaria
3. La modificación genética de los alimentos
CAPÍTULO III. RESPUESTAS JURÍDICAS ANTE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR EL ALIMENTO MODIFICADO GENÉTICAMENTE
1. Los principios rectores de la regulación alimentaria
2. Aproximación a la normativa administrativa alimentaria
3. Instrumentos utilizados para la consecución de la seguridad alimentaria
CAPÍTULO IV. INTERVENCIÓN PENAL ANTE LOS FRAUDES ALIMENTARIOS NOCIVOS
1. Introducción
2. La salud pública como bien jurídico penal
3. Figuras delictivas
4. Toma de postura
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANA ISABEL GARCIA ALFARAZ, Licenciada en Derecho, Graduada en Estudios Alemanes, Graduada en Criminología y Doctora en Derecho penal por la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Würzburg (Alemania), de Modena e Reggio Emilia y de Palermo (Italia). Profesora asociada del Área de Derecho penal de la Universidad de Salamanca desde 2015, labor que compagina con la coordinación académica del Master Propio en Seguridad Pública, del DEU en Detective privado, DEU en Criminalística e Investigación criminal, así como otros cursos vinculados al ámbito de la seguridad y de la Criminología. Desde diciembre de 2021 es codirectora de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca.