Esta monografía aborda el estudio de la prueba tecnológica desde una perspectiva amplia que abarca desde la obtención de las diversas fuentes probatorias digitales, hasta su valoración judicial, pasando por su aportación al proceso a través de los medios de prueba legalmente previstos.
Para ello, son objeto de examen las diligencias de investigación, incluyendo aquellas tecnológicas, susceptibles de utilizarse en el proceso penal para la obtención de este tipo de prueba; así como la ilicitud probatoria, en general y la exclusión de la prueba tecnológica, en particular, habida cuenta de la posible vulneración de los derechos fundamentales clásicos (privacidad, secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio) y de los de nueva creación (protección de datos o propio entorno virtual) en su obtención.
Se realiza también un análisis de la idea de la facilidad de manipulación de este tipo de pruebas, a cuya generalización ha contribuido una lectura parcial de determinadas sentencias. Al respecto, se propone, por un lado, hacer exigible un «principio de prueba» como requisito para su impugnación a fin de evitar que se vuelva un trámite casi automático -tesis que ya admite implícitamente la jurisprudencia- y, por otro, atender a los criterios de valoración judicial y recurrir a las reglas de la carga de la prueba en supuestos de incerteza fáctica.
La conclusión final de este trabajo pasa por asumir que, pese a las características diferenciadoras de las nuevas tecnologías (a modo de ejemplo, los metadatos (información adicional oculta, pero legible) y el poder intrusivo y de registro que las define-, el tratamiento que debe dispensarse a las pruebas de esta naturaleza no dista mucho de las soluciones previstas para los clásicos problemas de la prueba. En todo caso, es evidente que el auge de las nuevas tecnologías y su uso generalizado tiene, inevitablemente, traslación en el proceso como fuentes de prueba susceptibles de aportarse a través de los medios legalmente previstos.
