El fenómeno de la inmigración en España ha venido transformado profundamente, desde finales del siglo xx, los perfiles de la sociedad española. Sin embargo, a pesar del notable incremento de la población de origen extranjero, la vigente ley de extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social) no ha sabido responde al candente enigma de la inmigración, puesto que no fomenta la integración de inmigrantes sino, más bien, la desigualdad social, la precariedad y el abuso.
En materia de protección social la cuestión se vuelve aún más complicada, pues todavía late esa diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda clase debido a una cuestión de regularidad y/o irregularidad administrativa. A pesar de estas propuestas internacionales y de los avances experimentados en esta materia, en España el extranjero se mantiene aún en una situación de desprotección y vulnerabilidad social.
En este sentido, los inmigrantes irregulares sólo tendrán derecho en España a las prestaciones y servicios sociales básicos, pero no a las prestaciones contributivas del sistema. Por lo tanto no sólo basta con cumplir el requisito de la residencia, sino que también deberá desempeñar una actividad laboral.
El debate sigue abierto en esta materia, por ello pretendo con este estudio marcar algunas líneas que permitan avanzar hacia un modelo más garantista e integrador de las personas inmigrantes en igualdad de condiciones a las nacionales, para lo cual será primero preciso el progreso social hacia un tipo de sociedad de acogida que interactúe con el fenómeno de la inmigración.
