Principios penales democráticos
¿Debe despenalizarse la eutanasia? ¿Y el aborto consentido por la gestante? ¿Es buena la prisión permanente revisable? ¿Debe tolerarse el discurso político ofensivo? ¿Cómo se tipifica la violencia de género? En los debates acerca de cómo deben ser las normas penales y cómo deben interpretarse se argumenta sobre todo con principios, aunque curiosamente no existe mucho acuerdo acerca de cuáles son estos y por qué.
El empeño de este libro es catalogar los principios a partir de una concepción democrática de la justicia. Su resultado es un hexágono:
un gran principio formal, el de legalidad; tres principios materiales: proporcionalidad, culpabilidad e igualdad; y dos principios relativos a la pena: la prohibición de penas inhumanas y el mandato de resocialización (desarrollado este por Silvia Lascuraín). De cada uno de ellos se expone su fundamento, su contenido y los retos que hoy plantea su vigencia.
Principios penales democráticos examina los fundamentos del derecho penal desde una perspectiva que promueve los valores democráticos y la justicia social. El autor destaca la necesidad de construir un sistema penal respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Uno de los principios fundamentales es el de la legalidad, que asegura que ninguna persona puede ser castigada sin una ley previa. Este principio garantiza que el poder punitivo del Estado esté limitado y no sea ejercido de manera arbitraria o desproporcionada.
El texto también analiza el principio de proporcionalidad, que exige que las penas sean adecuadas al delito cometido y respeten derechos fundamentales. La desproporción en las penas puede generar injusticias graves y dañar la legitimidad del sistema penal en una sociedad democrática.
Otro tema central es el principio de culpabilidad, que establece que solo se puede sancionar a quien actúe con responsabilidad y voluntad libre. Este enfoque rechaza cualquier forma de castigo colectivo o sanciones basadas en prejuicios sobre grupos sociales específicos o minorías.
El autor reflexiona sobre el principio de mínima intervención, que busca reducir el uso del derecho penal a situaciones estrictamente necesarias y justificadas. Este principio previene el abuso del sistema punitivo, promoviendo alternativas como la justicia restaurativa y medidas de prevención no punitivas.
Asimismo, el texto resalta el principio de humanidad, que exige que las penas respeten la dignidad humana y no impliquen tratos crueles o inhumanos. Este principio refleja el compromiso ético de los sistemas democráticos con la protección de los derechos humanos, incluso en contextos de sanción penal.
En conclusión, Principios penales democráticos defiende un derecho penal limitado, respetuoso de la dignidad humana y alineado con los ideales de las democracias modernas.
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