Manual práctico sobre protección de datos en la administración local
La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 fue recibida con valoraciones tales como que entrañaba un «giro copernicano» o suponía un «cambio de paradigma» respecto del anterior sistema europeo de tutela del derecho a la protección de datos personales. Se consideren o no excesivas tales afirmaciones. Lo que sí parece incuestionable es que incorpora muy relevantes novedades. Novedades que no pueden dejar de incidir en el modo en que las Administraciones venían haciendo frente a su compromiso de preservar dicho derecho.
Como es sabido, el actual sistema se asienta y articula sobre el principio de responsabilidad proactiva, que presupone un nuevo enfoque o aproximación en la protección de los datos personales. Bajo el enfoque «proactivo» se trata de precaver y evitar por anticipado que aparezcan quiebras de privacidad y el correspondiente daño para los afectados. En lugar de ofrecer únicamente mecanismos para la reparación de los perjuicios causados. Se trata, en suma, de que sean las propias entidades obligadas las que adopten las medidas para minimizar los riesgos de vulneración de la privacidad. Y estén en condiciones de demostrar que han operado diligentemente al respecto.
La adaptación al nuevo modelo exige a las Administraciones la asunción de nuevas cargas y tareas, así como ajustes en su propia organización. Todo un reto para el conjunto del sector público, que sin duda se extrema en relación con los municipios menos poblados y de menor capacidad de gestión.
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