Los constitucionalistas, durante largo tiempo, expulsamos de nuestra praxis la historia. Sin embargo, la perversión de la historia por el nacionalismo, hasta la negación de los principios esenciales del derecho constitucional, y su conversión en un instrumento de legitimación contra los enemigos, reales o supuestos, marcando la dirección de lo jurídico, con proyectos legislativos insolidarios, que han condicionado la política del Gobierno, las decisiones del poder judicial así como la enseñanza tanto en colegios como universidades, sufrimos una especie de “Revolución nacionalista” sin reparos y pletórica de entusiasmo.
Este trabajo tiene como objeto principal poder encontrar una interpretación a las amenazas a nuestra convivencia constitucional protagonizadas por las élites nacionalistas vasco-catalanas, intentando encontrar cierta lógica jurídica a sus demandas político-económicas que tienen como una única legitimación una historia inverosímil de agravios y opresión ejercida por los españoles que supuestamente les facultaría para romper el principio de solidaridad constitucional de nuestro Estado.
Por ello, he intentado un cierto distanciamiento, de cualquier postulado ideológico, aun cuando entraña una enorme dificultad para cualquier constitucionalista no sobrepasar la delgada línea roja entre la meta de hacer ciencia crítica y el compromiso con la ideología desde la que se percibe el mundo, que termina reflejada en la metodología por la que se opta a construcciones interpretativas que han sido constitucionalizadas y también discutidas como parte del proceso de indagación propio de la Constitución como ciencia jurídico-social que depende finalmente de dos factores enlazados entre sí: las características del objeto y las tareas de la ciencia en relación a ese objeto, siendo una cuestión no de mero conocimiento sino también de comprensión del fenómeno nacionalista en España.
Siendo plenamente conscientes de que el derecho constitucional, como ciencia jurídica aplicada a un texto, es decir, a una Constitución escrita, es fundamentalmente indiferente, incluso hostil, a la aportación de la historia para la comprensión del objeto, esto no nos impide sostener que la legitimidad de la Constitución no depende de quien la ha hecho y ha hablado por medio de ella, sino de la capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a nuestro tiempo o, más precisamente, de la capacidad de la ciencia constitucional de buscar y encontrar esas respuestas.
Esta interpretación constitucional ha establecido un parapeto crítico contra la mitificación del pasado, sean de uno u otro signo político o ideológico, no solo para detectar errores, invenciones y prejuicios ajenos, sino también para compulsar los propios, a los que sin duda no he sido inmune.
La Constitución es voz y es idea, es palabra y es concepto, y como tal ha de ser estudiada, porque es, en su esencia, algo cambiante y evolutivo que exige aceptar la premisa metodológica de que la historia constitucional no puede seguir concibiéndose como un estudio plano o unidimensional reducido a la exégesis del articulado de las diferentes disposiciones.
Esto me obligó a un prisma caleidoscópico al compás de las historias ideológicas, económicas, fiscales y políticas subyacentes, que rehúyen el formalismo normativista Kelseniano, con la intención de dar sentido pleno al concepto del constitucionalismo.
Si iba a estudiar la influencia del nacionalismo en ese proceso, debíamos decantarnos por una concepción del mismo, que fue finalmente la concepción instrumentalista, según la cual las naciones se consideran realidades artificiales, muy alejadas de esa visión de la nación esencialista que, como sostenía Ernest Gellner, parecía ser: “Una fórmula natural, dado por Dios, para clasificar a los hombres”.
Para analizar el conflicto entre Constitución y élites nacionalistas vascas y catalanas era necesario optar por un instrumento analítico que, en mi caso, ha sido el individualismo metodológico, que considera que las personas que intervienen en los procesos políticos buscan su propio interés en un doble proceso: cuando se fragua la Constitución, fijando las reglas de juego, y en el proceso postconstitucional, utilizando la política como la vía idónea de capturar rentas al margen del proceso productivo.
Este conflicto aparición con inusitada fuerza en 1978, cuando se realizó un enorme esfuerzo, al diseñar fórmulas muy integradoras a través de la disposición adicional primera y del artículo segundo, donde se reconocía el hecho nacional cultural de Comunidades como Cataluña y el País Vasco, a través de la mención expresa del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, que terminó situando las asimetrías autonómicas en un fuerte desafío al constitucionalismo, pues se negaba la igualdad entre CCAA que rompía cualquier esquema de federalismo fundacional, conduciendo al Estado hacia una deriva confederal casi inevitable, y, lo que era más peligroso, se consolidaban asimetrías en el acceso al Estado Social, dando lugar a dos tipos de españoles: los que supuestamente tenían historia que gozarían de más recursos financieros y los sin ella, condenados a sufrir esas asimetrías junto a la acusación perpetua de su pasado opresor.
Por décadas este reconocimiento de unos supuestos “derechos históricos” de vascos y catalanes ha generado un sinfín de hostilidades constitucionales sumiendo a nuestro Estado en un periodo de interinidad permanente. Abriendo las compuertas para que los intereses económico-financiero de las élites nacionalistas se convirtieran en una fuente inagotable de conflictos constitucionales donde la normativización del concepto de Constitución quedó seriamente dañado, ya que, era la historia y no la normatividad, la lógica del nuevo Estado Constitucional.
Esta anomalía hizo que no fuera solo la legitimidad democrática del pueblo español la que diera licitud al nuevo texto constitucional sino que tuvo que combatir desde entonces, contra la legitimidad histórica esgrimida como base de la diferenciación por las élites políticas nacionalistas vasco-catalanas.
Esta fórmula de descentralización tenía un grave problema debido a que ambos nacionalismos consideraban que España era una realidad artificial gestada a golpe de conquista o imposición jurídica, lingüística, política, cultural o administrativa que había intentado destruir sus realidades naturales e históricas (Cataluña y Euskadi) siendo este, el conflicto o herida histórica que debía supuestamente repararse con el diseño del modelo de Estado en la futura Constitución.
La supuesta existencia de un conflicto histórico-identitario, debido a una España “apisonadora de pueblos” fue confirmada en sede constituyente: tanto por el diputado nacionalista del PNV, Marcos Vizcaya que sostenía en 1978 la tesis del conflicto presentado a los vascos como un pueblo ocupado:
“Me voy a referir a la visión que de las fuerzas del orden público tiene un gran sector de la población vasca (…) Es la visión de las fuerzas de ocupación (…) Quien haya vivido en Euskadi (…) habrá vivido esta atmósfera que a todos los vascos (…) Nos ha tocado vivir, de temor, irritación, una atmósfera, en definitiva de pueblo ocupado”.
Esta visión del conflicto fue ratificada por Antón Canyellas, Diputado Nacionalista Catalán de CIU en sede constituyente donde sostuvo:
“Durante un largo tiempo, los catalanes, que sabemos por dolorosa experiencia en qué consisten estos periodos de imposible comprensión, hemos hecho esfuerzos indecibles para evitar la apelación a la violencia, a pesar de las terribles provocaciones de que hemos sido objeto (…)”.
Desde esta ensoñación de pueblos ocupados se intentaban justificar unos “derechos históricos” que apelaban a una legitimidad no democrática y que, por tanto, difícilmente podía tener encaje en una Constitución racional-normativa. Aun así este era el principio esencial que debía guiar la descentralización política siendo la creación de mitos y el imaginario histórico patrocinados por las élites nacionalistas vascas y catalanas, los que finalmente marcaron el modelo de organización del Estado, siendo primordial su proyecto de construcción nacional, fundamentado en el eje histórico-identitario, que remarcaba el supuesto maltrato a Cataluña y al País Vasco que justificó cualquier tipo reclamación al ser supuestamente una deuda que el nuevo Estado Constitucional debía pagar tanto a vascos como a catalanes que formarían sociedades heroicas, en perpetua lucha contra el Estado que habría cercenado su identidad territorial inmutable a lo largo de la historia.
Gracias a la historia convertida en principio de legitimidad constitucional, los nacionalistas vascos y catalanes se convirtieron en los verdaderos protagonistas del proceso constituyente en materia de descentralización con un enfoque nacionalista de España donde la autonomía no debía estar inspirada en la legitimidad democrática sino en la legitimidad histórica que permitiría a las élites políticas nacionalistas transitar cómodamente hacía su proceso de construcción nacional, donde las supuestos singularidades folclórico-culturales se convertían en principio constitucional desatando una carrera alocada por encontrar soportes históricos de diferenciación condenando a los españoles que no pudieran exhibir un “curriculum histórico” a tener que sacrificar la plenitud de sus derechos constitucionales al romper la visión global del Estado y el protagonismo constitucional del poder constituyente.
De esta manera, el modelo de Estado no debía ser construido por el poder constituyente español y su legitimidad democrática sino que debían ser los nacionalistas vasco-catalanes a través de sus reivindicaciones histórico-identitarias los que debían perfilar. Finalmente el triunfo político de las élites nacionalistas fue rotundo impidiendo la implementación de un proceso de descentralización alternativo que apostara por una visión coordinada, equilibrada y equitativa, debido sobre todo a que España era vista por los nacionalistas como algo artificial, castrador, falto de alma y carente de realidad histórica.
Ahora bien, este discurso histórico-identitario, más allá de mitos y de leyendas que hablaban del origen prehistórico de sus derechos, tenía un fin más mundano que era simple y llanamente la desigualdad no solo tributaria sino de acceso al Estado de Bienestar, esta insolidaridad de las élites nacionalistas vascas y catalanas, justificada desde la historia se ha terminado imponiendo en las tres últimas décadas como ideología constitucional fundamental, que ha marcado la vida de los españoles y ha condicionado los cálculos electorales y los vaivenes políticos.
De esta forma se han erosionado, cuando no destrozado los tres grandes pilares del edificio constitucional, como elementos enlazados de forma indisoluble: legitimidad democrática, poder constituyente y fuerza normativa, sin los cuales carece de sentido cualquier pretensión constitucional de orden democrático.
Esta obra muestra como las élites nacionalistas vasco-catalanas nunca tuvieron un conflicto frente o contra el Estado español sino que por el contrario protagonizaron una lucha despiadada entre ambas por el poder político, económico y financiero del Estado y de sus instrumentos institucionales desde su atalaya particularista, para ello, construyeron mitos y leyendas, como simbología del historicismo-identitario y como instrumento para justificar un tratamiento constitucional desigual, malogrando cualquier constitución que intentara cumplir con el principio de unidad constitucional desigual, malogrando cualquier constitución que intentara cumplir con el principio de unidad constitucional entendido como igualdad tributaria y solidaridad en la distribución equitativa de la carga fiscal en territorio español. Aun cuando el supuesto conflicto histórico nunca tuvo lugar, el discurso nacionalista de una supuesta historia nunca tuvo lugar, el discurso nacionalista de una supuesta historia independiente de la de España que ha terminado inoculando en su corpus jurídico un virus autodeterminista que supuestamente solo se solucionaría restableciendo el supuesto oasis, ahora perdido, en el que vivieron vascos y catalanes en el pasado.
Discurso histórico-identitario en el que las élites nacionalistas han educado a sus poblaciones de influencia que ha ayudado a consolidar raíces y afianzar identidades a través de una reconstrucción cultural minuciosa donde se alentaba la confusión entre historia y leyenda, vinculado todo ello al presupuesto público, que ha enfatizado una imagen idealista de su pasado, marcado por una “democracia originaria” que nunca existió y que jamás fue aplastada ni arrebatada por los españoles.
La obra debe servir como una humilde advertencia sobre la dinámica constitucional que a conducido a no pocos constitucionalistas a presentar propuestas de reforma constitucional, no solo audaces, sino extravagantes, más propias, del estruendo político, que no del rigor jurídico. En términos jurídicos produce cierta extrañeza contemplar la ausencia de una mínima responsabilidad académica para denunciar como una parte de las propuestas de reforma constitucional no tienen en cuenta los límites jurídicos-constitucionales no tienen en cuenta los límites jurídico-constitucionales y apuestan, sin la prudencia exigible, por demoler las estructuras sustanciales de nuestra norma fundamental.
No cabe, digámoslo ya alto y claro, en ningún texto constitucional la regulación de un tratamiento fiscal desigual en forma de “concierto económico” siendo ésta una de las razones principales del fracaso histórico de nuestro constitucionalismo, y que en el presente vemos que es la razón principal del inicio del proceso unilateral de independencia en Cataluña. Como ha dejado claro el profesor Castellá Andreu:
“La principal razón del incremento de los independentistas en Cataluña en los últimos años hay que buscarla, en la negativa del Gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal (…) a partir del modelo vasco-navarro de concierto (…)”.
Si finalmente, Cataluña regula un nuevo concierto económico, se producirá una inestabilidad constitucional difícil de imaginar. Tendremos españoles “con historia” privilegiados con no contribuir equitativamente a la solidaridad y españoles “sin historia”, obligados a sostener sobre sus hombros el principio de solidaridad interterritorial, pilar fundamental de la sostenibilidad del Estado social.
Por tanto, los juristas no nos debemos llevar a engaño, vivimos peligrosamente cuando las constituciones y los sistemas políticos tienden a cambiar. Estamos atados a los gobernantes y al espíritu de la época que nos ha tocado vivir, nuestras fidelidades y afectos y, por qué no decirlo, nuestros desfallecimientos, se convierten a veces en derecho válido, así, nuestra posición de juristas podrá llegar a ser problemática y hasta peligrosa para el constitucionalismo.
El que les habla, ha intentado estudiar la evolución constitucional, consciente de que quien desea investigar, lo que realmente ocurrió, saber quién, cuándo y por qué alguien tomó partido por esa evolución y por su idea histórico-identitaria, hará bien en ser comedido en los juicios morales. Son sencillas las descalificaciones globales, pero resulta problemático exigir a los demás comportamientos marcados por fidelidades más que por convicciones jurídicas propiamente dichas. Quizá estamos demasiado atados a las consecuencias políticas, a polémicas y errores del pasado, que hacen de nuestro juicio algo demasiado parcial.
La obra ha buscado analizar no solo jurídicamente sino históricamente la narrativa del “conflicto histórico” en el que supuestamente habrían vivido los españoles con vascos y catalanes, buscando dar respuesta a los españoles “sin historia” que ven como los españoles “con historia” desde el envilecimiento de los supuestos derechos históricos han impedido de manera reiterada el triunfo rotundo de la legitimidad democrática del pueblo español y como ya recordó hacer tiempo Gianfranco Ferrero:
“Los dramaturgos de la legitimidad han popularizado la idea de que es fácil cambiar los principios de legitimidad existentes y sustituirlos por otros nuevos. Pero se trata de las numerosas ilusiones de nuestra época: los principios de legitimidad no solo no numerosos sino además, ninguna época cuanta más que con un principio de legitimidad que se encuentra previamente establecido o en vía de formación. Toda su libertad de elección se reduce a optar entre resignarse a admitir el principio que le ha tocado en suerte o bien optar por un gobierno revolucionario o cuasi-legitimo, lo que lleva implícito el reinado del miedo y el peligro permanente a una imprevisible catástrofe. Existe una apariencia de elección en las épocas presididas por la lucha entre los dos principios como fue el caso del siglo XIX, pero la verdadera posibilidad de elección no es entre uno u otro principio, sino la trinchera o el campo de batalla donde defenderlo”.
Este panorama de erosión constitucional me obliga a elegir la trinchera donde poder defender la legitimidad democrática del pueblo español frente a la legitimidad histórico-identitaria del lobby vasco-catalán que ha terminado condenando a millones de españoles a vivir presos de sus leyendas y de sus privilegios políticos y fiscales.
No olvidando que la siempre discutible competencia, no solo jurídica sino moral del que juzga, siempre intenté que se impusiera en mí la moderación y la prudencia, que no me exime de saber que los juristas también yerran, lo que vale para todas las épocas, incluida la actual.
