Laboralización de Personal y Conflictividad «Empresarial»: Los Derechos de Autotutela del PDI Contratado

La singularidad del régimen de los empleados públicos que prestan sus servicios en las Universidades Públicas,

así como el propio sistema de organización y funcionamiento de los recursos personales que dichas Instituciones

se han conferido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 2 ,

(LRU), ha propiciado un amplio y profundo debate sobre los distintos extremos configuradores de las singularidades

de esta materia, tanto desde el análisis del propio gestor público, como desde el punto de vista de los integrantes de los

distintos colectivos que han venido conformando el conjunto de empleados públicos universitarios 3 .

Laboralización Personal Conflictividad Empresarial

Pero fue la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 4 (LOU), la que trajo a esa escena, de por si compleja, un extremo más sobre el que verter comentarios teóricos y elucubraciones analíticas, y ello por la aparición y generación del Régimen Jurídico del Personal Docente e Investigador Contratado, uno de los elementos del cambio que más inquietud , incertidumbre, e incluso disgusto, causaron.

Si bien, transcurrido un tiempo de «rodaje» prudencial, y habiéndose consolidado su existencia con la modificación realizada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 5 , (LOMLOU), quizás la observación de esta realidad, desde las distintas perspectivas intervinientes ?gestores universitarios, profesorado, sindicatos, doctrina, jurisprudencia? haya dejado de ser tan rígida y crítica, para pasar a ser constructiva y positiva, como podremos comprobar en el presente trabajo.

A lo largo de este estudio monográfico observaremos, trayendo a colación y análisis, la mayor parte de posicionamientos doctrinales que han tenido lugar en relación con la vigencia de este nuevo colectivo, que de ahora en adelante denominaremos PDI laboral, en contraposición del hasta ahora único colectivo de empleados públicos del ámbito de la docencia e investigación universitarias, el PDI funcionario, constituido por los Cuerpos Docentes Nacionales.

En concreto nos centraremos en alguna de las múltiples cuestiones que podrían ser tratadas en relación a este nuevo colectivo, el cual no hace sino aportar al mundo universitario, de la docencia y la investigación, esa visión de dicotomía que pervive, desde hace años, en el resto de Administraciones Públicas, incluida la propia Administración Universitaria, entre empleados públicos bajo regímenes diferenciados, el administrativo y el laboral.

El epicentro del que partiremos estará circunscrito al hecho mismo de la convulsión que se ha producido en el ámbito de las Universidades Públicas desde la generación de este nuevo colectivo, observado desde cuatro ópticas:

La del gestor público, encargado de incardinar esta realidad al esquema de plantillas de profesorado con el que se venía conviviendo desde hace veinte años;

La de los propios miembros de la comunidad universitaria directamente implicados, PDI funcionario y PDI administrativo, que atendían expectantes cómo podía verse modificado su status por un nuevo modelo lleno de incertidumbres y precariedad, sobre todo aquellos miembros del PDI con contrato administrativo, o con condición de becarios, que veían como su horizonte, más o menos próximo, pasaba de ser la funcionarización a la laboralización, casi sin solución de continuidad;

La de los legisladores implicados en el desarrollo normativo, desde el estatal, pasando por el autonómico y terminando en la propia autonomía universitaria; y la de los interlocutores sociales que veían, ante la generación de este nuevo colectivo, un nuevo frente de actuación dada su condición de personal laboral regido por normas netamente laborales.

No todos los implicados, en este estudio óptico de la cuestión, han aportado conclusiones claras de la situación, ni han contribuido a clarificar el por qué de la generación de este nuevo colectivo, encargado de realizar las mismas funciones y competencias que el ya existente, pero bajo un régimen distinto.

Tampoco se ha podido escenificar cómo se están gestado ámbitos de actuación tales como la adopción de medidas de conflicto, ante la falta de negociación colectiva con carácter generalizado y lineal;

Si bien es cierto que hemos hecho un intento de, una vez observada la realidad, generada en ámbitos judiciales, dar algunas respuestas, o más bien, algunas pautas a seguir en relación a esas incertidumbres, esas tomas en consideración y esos posibles porqués.

Por ello, este estudio se presenta desde la idea inicial de que el derecho, como objeto cultural, o de la cultura, se corresponde tanto con un conocimiento filosófico, como con un conocimiento científico, de ahí que en el desarrollo de este análisis se haya tenido en cuenta la distinta actitud con la que uno y otro procuran alcanzar la aprehensión de ese objeto, en nuestro caso, el de la delimitación y efectos de lo que ha supuesto, de un lado, la laboralización de parte del colectivo del personal docente e investigador universitario, y de otra, las implicaciones que ha generado esa conformación de un nuevo colectivo en relación con la conflictividad en el seno de las Universidades Públicas.