La Comisión Europea decidió el 25 de enero de 2018 remitir a las autoridades españolas un dictamen motivado en cuya virtud se insta a la modificación de la regulación de la acción de responsabilidad patrimonial del estado legislador contenida en la ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público por estimar que la misma incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad.
La presente obra contiene un análisis crítico de la normativa española y de la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea y del tribunal supremo. Tras el estudio de los requisitos sustantivos y procesales de la acción de responsabilidad del estado legislador regulados en la ley 40/2015 tanto para los supuestos de infracción del derecho de la Unión Europea como por inconstitucionalidad se identifican las principales deficiencias que presenta la norma analizada. En este escenario de incertidumbre y teniendo en cuenta que la legislación española se caracteriza por establecer requisitos distintos para apreciar la responsabilidad patrimonial en atención al origen de la norma nacional o europea que es objeto de vulneración a pesar de la existencia de jurisprudencia consolidada del tribunal de justicia de la Unión Europea que no ampara esta disparidad de trato en esta obra se apuntan posibles interpretaciones correctoras tomando en consideración la jurisprudencia dimanante del tribunal de Luxemburgo.
