Una de las más complejas cuestiones en el ámbito del constitucionalismo y que ha generado intensos debates académicos suele referirse a las garantías judiciales para la eficacia de los derechos sociales, su exigibilidad, la llamada judicialización. Pero, uno de los abordajes centrales sobre el tema, en la presente investigación, pone de relieve la legitimidad del Poder Judicial para garantizar derechos prestacionales, inherentes que son a formulación de las políticas públicas, es decir, a la esfera de competencia del Poder Ejecutivo.
En ese sentido pretendemos ofrecer una respuesta doctrinal a los siguientes planteamientos: ¿Tiene el Poder Judicial competencia para asegurar la fruición de derechos sociales y provocar la ejecución de políticas sociales por el Estado? ¿Cumple el Poder Judicial en ese procedimiento su función constitucional o, al contrario, afronta el sistema de separación de poderes? ¿Cuál es la fuente que fundamenta la legitimidad del Poder Judicial para otorgar esa garantía a los demandantes? ¿Los derechos sociales deben ser universales y por tanto garantizados a todos o sólo a los más necesitados? ¿Son los derechos sociales incompatibles con el programa político y económico del Estado liberal? ¿Es posible, por otro lado, la armónica coexistencia entre los derechos de libertad y los derechos de igualdad en la praxis política? ¿Existe derecho subjetivo a la tutela social y a las consecuentes políticas públicas para efectuarla?
