Premio «Francisco Tomás y Valiente», 1996.
En la inmensa mayoría de los países democráticos, las leyes aprobadas por los parlamentos pueden ser desactivadas por los tribunales de justicia, si resultan contrarias a la Constitución. Aunque existen diversos modelos para articular este control judicial, se plantea un problema universal: ¿Cómo justificar, en una democracia, que las decisiones adoptadas por una asamblea elegida de manera periódica por los ciudadanos puedan ser descalificadas por los jueces en nombre de la Constitución? Este interrogante se descompone en una serie de preguntas más específicas. ¿Cómo debe ser la Constitución para que resulte legítimo someter a ella las leyes del parlamento? ¿Debe la Constitución limitarse a garantizar la existencia de procedimientos democráticos, o puede también consagrar determinados derechos y libertades de carácter sustantivo? ¿Cómo deben estar redactadas las normas constitucionales para que la existencia de una Constitución rígida sea compatible con la idea de autogobierno democrático? En cuanto a la tarea encomendada a los jueces, se plantea el problema de la deferencia hacia el legislador. ¿Resulta justificado otorgar a las leyes una presunción de validez de modo que sólo cuando el juez tenga razones de mucho peso para creer que determinada ley vulnera la Constitución pueda dar el paso de decretar su nulidad? ¿Cuál sería el fundamento y alcance de tal presunción? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en este libro que utiliza múltiples casos y controversias de diversos países para ilustrar las posibilidades y límites de la justicia constitucional.
