ITPAJD Situación actual y propuestas de futuro
La normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Iurídicos Documentados (ITPA/D) no ha sido objeto de revisión en profundidad desde hace treinta años. Lo cual explica muchas de las sombras y dificultades que actualmente recaen sobre este impuesto.
La complejidad estructural y técnica del ITPA/D, su realidad aplicativa caracterizada por una alta litigiosidad, la asunción de su gestión por las Comunidades Autónomas. Que tienen no obstante una limitada competencia normativa sobre el impuesto. O los sonados pronunciamientos jurisdiccionales sobre aspectos básicos de su regulación producen en la actualidad una sensación generalizada de incertidumbre e inseguridad jurídica. Que afecta negativamente tanto a los contribuyentes (ya sean particulares o empresas). Como a las propias Administraciones Tributarias o tribunales de justicia y que hace que la doctrina se esté cuestionando en la actualidad el encaje general de este impuesto en el sistema fiscal español.</strong>
Es, por lo tanto, en el clima actual que aboga por la revisión de los sistemas impositivos a nivel internacional. Y fomenta la creación de novedosos y modernos tributos. Donde entendemos que merece la pena detenerse para realizar una profunda Iabor de reflexión y análisis acerca de la situación de esta figura impositiva, una de las más tradicionales en nuestro marco fiscal, con el objeto de que, sin perder sus elementos más esenciales, se modernice y se adapte a la realidad social y económica actual y a los nuevos paradigmas existentes.</strong>
El ITPA/D es un impuesto que, a nuestro juicio, no debe desaparecer (o no al menos en todas sus modalidades). Ello, no es óbice para que no podamos afirmar con rotundidad la necesidad de abrir un profundo y detallado debate sobre su configuración y situación actual. Es necesario encontrar su lugar dentro del complejo marco jurídico fiscal español. Aumentar su certidumbre y seguridad jurídica y reducir su oscuridad y su alta litigiosidad.
Todo ello, sin olvidarnos de la necesidad de lograr a través de esta figura impositiva una adecuada recaudación para las Administraciones Públicas. Sobre todo, para las Comunidades Autónomas, que posibilite la financiación del gasto público y la reducción del déficit y que resulte razonable y compatible con el principio constitucional de capacidad económica. </strong>
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