Se ha dicho en repetidas ocasiones que las personas homosexuales tienen actualmente una clara igualdad en sus relaciones de familia homoparental, con respecto de las personas heterosexuales. Esta afirmación se ha hecho descansar en que en 2005, las Cortes Generales dieron luz verde al matrimonio igualitario en España.
Pero lo cierto es que esta igualdad es más teórica que práctica y la desigualdad queda al descubierto cuando para las parejas homoparentales se alcanza el objetivo de tener hijos. En ese momento, se descubre que el camino que una pareja heterosexual sigue para que se establezca la filiación de sus hijos a favor de ambos miembros, es mucho más complicada en el caso de una pareja homosexual, ya que se establecen a la vez diferencias en función de si la pareja la forman dos mujeres o dos hombres.
En este trabajo se analiza en primer lugar la evolución del trato que desde el ordenamiento jurídico se ha ido dando a las personas homosexuales, cómo se pueden establecer vínculos (como pareja estable o matrimonio) y la forma en que la filiación se establece en las parejas homoparentales, elaborando propuestas de mejora para cada una de estas situaciones y poniendo de relieve las necesidades que en estos sentidos tienen las familias homoparentales.
Ricardo de la Rosa Fernández es licenciado y doctor en derecho por la Universidad de Barcelona y abogado en ejercicio desde 1995. Tiene el título de máster en Derecho de Familia (Universidad de Barcelona), de Máster en Agentes de Igualdad (Universidad Cardenal Herrera) y de posgrado en Derecho Civil Catalán (Universidad de Barcelona) y Mediación (Universidad Rey Juan Carlos).
Ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los derechos de la persona y al ejercicio del derecho civil y de familia. Ha impartido clases en el Máster de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, desde hace más de diez años y preside la Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de Familia, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Fue condecorado por el Ministerio de Justicia en 2006, con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, por su labor profesional en defensa de los derechos humanos.
