En los últimos años hemos sido espectadores del posicionamiento adoptado por los distintos países europeos, y en lo que nos ocupa por España, en relación a dar respuesta al fenómeno creciente de la inmigración. Tal posicionamiento se concreta en dos aspectos: la creación de un espacio común a todos los países europeos, donde la seguridad es lo que debe prevalecer, y consecuentemente con ello, el desarrollo de políticas migratorias restrictivas y de control en la llegada de extranjeros aún a costa de que tal proceder pueda menoscabar los derechos de los ciudadanos extranjeros si con ello se consigue, bien impedir su entrada bien alejar de sus fronteras o de su territorio a aquellos que se encuentren en situación irregular.
En este contexto se sitúa el estudio y análisis abordado en la presente monografía: Se trata de poner en relieve cómo en aras a la preservación de tales intereses y con una aparente legalidad se lesionan los derechos de estos ciudadanos, centrándonos en un espacio concreto que es la frontera. Planteamos tal estudio desde la perspectiva de la defensa jurídica y jurisdiccional de los derechos de los extranjeros.
Se contempla, en primer lugar, el análisis del régimen jurídico-constitucional de los extranjeros en España, examinando la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a fin de delimitar qué derechos amparan a los extranjeros cuando pretenden acceder a nuestro territorio, así como en qué condiciones podrán ejercitarlos. Una vez delimitado este aspecto, trasladamos la materialización de estos derechos a la práctica explicando cómo convergen en los distintos escenarios en los que se encontrarán los extranjeros. Los derechos que interactúan son el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad individual. Obviamente analizamos con profundidad el propio derecho a entrar contemplado en el artículo 19 de nuestra Constitución habida cuenta que es en este ámbito donde el Estado ejercerá un mayor control.
En segundo término, explicamos cómo se encuentra regulada la entrada de los extranjeros en los puestos fronterizos relacionando las exigencias legales con el ejercicio de los derechos que hemos referido.
La problemática y la trascendencia jurídica que ha adquirido actualmente la figura de la devolución justifican su tratamiento autónomo. Ello se debe a dos motivos, el primero, porque ha sido una figura rodeada de cierta confusión en cuanto a su naturaleza jurídica a pesar de que el Tribunal Constitucional parece haber resuelto la cuestión otorgándola un carácter no sancionador con las consecuencias que conlleva en el aspecto procedimental. El segundo, porque tras la entrada en vigor el pasado 1 de abril del 2015 de la Disposición Adicional Décima de la LOEx, se ha procedido a dar cobertura legal a unas prácticas que la Administración venía desarrollando, desde al menos el año 2005, esto es, las devoluciones en caliente. Por lo tanto, el desarrollo de este capítulo responde a tales motivos, iniciándose con el examen de su naturaleza jurídica para a continuación, acometer el procedimiento administrativo a seguir para su adopción y el sistema de garantías previsto con su incidencia tanto en el derecho a la tutela judicial como en el derecho consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución.
Finalmente, analizamos la ilegalidad de las devoluciones en caliente y sus consecuencias jurídicas que no son otras que la quiebra del sistema de garantías y la vulneración patente de los derechos reconocidos a los extranjeros. Y por último, dedicamos un apartado a examinar el contenido de la reciente STEDH que condena a España precisamente por las prácticas de tales devoluciones en caliente.
