Los años noventa significaron para América Latina el auge del proceso de retracción del Estado que en los países centrales había comenzado diez años antes con las figuras de Reagan y Thatcher. De la mano de la ola «neoliberal», se instala en el imaginario jurídico la convicción de la incapacidad de la estructura estadual para regular todas las hipótesis y todas las consecuencias de la manera más exhaustiva posible.
Esto conduce al señalamiento de nuevos límites a la actividad normativa, una fuerte tendencia a la «desregulación», un proceso de retracción de derechos económicos sociales y culturales y un aumento de la violencia estatal para la represión de la insatisfacción política. Panorama que en nuestros países parece resurgir desde mediados de la década en curso.
Frente a este contexto, el pensamiento jurídico crítico se centró en mostrar como el derecho cumple una función paradoja! y que, pese a ser un instrumento de control social y una herramienta indispensable para el desarrollo de las políticas económicas neoliberales, permite también llevar adelante prácticas jurídicas alternativas de nuevos movimientos sociales, servicios legales alternativos o jueces activistas constitutivas de auténticos focos de resistencia jurídica.
