Encrucijada notarial en la ejecución hipotecaria

Los  viejos  moldes  jurídicos  se  enfrentan  al  reto  de  adaptarse  a  las  nuevas  realidades.  Esa  es,  también,  la  encrucijada  de  la  ejecución  hipotecaria.  Su  corpus normativo se enraíza en el sistema romano y evoluciona, fragmentado, hasta  alcanzar  la  dicotomía  actual:  ejecución  judicial  vs.  ejecución  extra­judicial.  Ambas  despliegan  virtudes  y  limitaciones.  Y  ambas  se  topan,  hoy,  tras  una  progresiva  pero  contenida  transformación,  con  la  necesidad  de  recomponer su estructura para abordar la creciente protección de las personas consumidoras; en una coyuntura caracterizada por la preocupante saturación de los juzgados y la necesidad de abrir —en plena crisis sanitaria, económica y social—  espacios  de  acercamiento  y  alianza.  Una  mirada  al  resto  de  Europa  puede resultar reveladora. La reforma de la legislación que regula la ejecución extrajudicial es tan acuciante que aflora la oportunidad de construir un nuevo paradigma  de  ejecución  hipotecaria;  fusionando  el  control  jurisdiccional  de  los  hitos  clave  del  proceso  con  la  realización  ágil  y  adaptada  a  cargo  de  los  operadores más especializados. No es momento de poner en jaque la legitimidad constitucional  de  la  ejecución  notarial.  Ni  es  momento  para  dilucidar  si  el  procedimiento de ejecución extrajudicial es, realmente, un procedimiento, o lo es, en puridad, de ejecución. Una revaloración de lo público obliga a estar a la altura, procurando protección, seguridad y certidumbre, tanto en la elaboración de las legislaciones como en su interpretación y aplicación. Hay experiencia y conocimiento suficiente para transformar la dialéctica de poder en compromiso y construcción conjunta.