La proliferación en los últimos años de las estaciones de servicio de carburantes desatendidas en España –ante la pasividad, cuando no la connivencia de los Gobiernos y autoridades públicas–, ha supuesto un grave perjuicio para las personas con discapacidad ya que han visto cómo les era negado el acceso a un servicio esencial, tanto por la falta de accesibilidad de las mismas, como por la inexistencia de personal para ser atendidas. Este hecho no solo ha dañado a las personas con discapacidad, grupo social severamente castigado, sino también a los derechos de las personas consumidoras en general, y de quienes prestan sus servicios en estas instalaciones, que han experimentado una reducción de empleo muy preocupante.
Ante esta situación alarmante de retroceso social y de derechos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha venido actuando, en el plano europeo, español y autonómico, exigiendo legislación protectora que obligue a que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal que atienda especialmente a los consumidores con discapacidad y mayores que lo requieran.
Para justificar esta demanda, aportando argumentos jurídicos, sociales, operativos y hasta económicos, el CERMI ha elaborado este amplio informe que acredita sobradamente que el modelo de estaciones de servicio sin personal vulnera la legislación europea y española y debe ser impedido, reorientándolo por vía legal, plenamente respetuosa de los principios y mandatos tanto de los ordenamientos de la Unión Europea como del español, a un modelo accesible e inclusivo, que no segregue ni excluya por razón de discapacidad, comprometiendo el derecho básico humano a la libre circulación y a la movilidad.
