La presente monografía analiza los Consejos provinciales en la España decimonónica, prestando especial atención a su funcionamiento en tierras alicantinas. Se trata de una Institución que, pese a haber formado parte de nuestro entramado administrativo durante más de veinte años, apenas ha sido estudiada por la doctrina. Su implantación fue clave en la edificación de la Administración pública del siglo XIX, inspirada en el modelo napoleónico y centralista.
Articulados como Corporaciones totalmente subordinadas al poder central le fueron atribuidas facultades de carácter consultivo, asumiendo competencias que hasta el momento habían pertenecido a las Diputaciones provinciales. Además ejercieron otras de naturaleza jurisdiccional, configurándose como Tribunales encargados de la resolución de todos los litigios en los que estuviese implicado el interés público.
De esta forma, su creación supuso la restricción de la autonomía municipal y provincial y, a su vez, la reducción drástica de las funciones propias de la Justicia ordinaria, excluyendo de su conocimiento todos los conflictos que pertenecían a la moderna categoría de lo contencioso-administrativo.
