Todo el Derecho administrativo se refiere al control de la Administración y a la tutela de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con ella. Una cuestión nunca resuelta y que además tiene muchos frentes (no sólo el proceso contencioso-administrativo), algunos de los cuales se abordan en los trabajos incluidos en este libro.
Así, se analiza la vertiente procesal del principio de transparencia, que está abriendo a los particulares vías para la obtención de información sobre la actividad administrativa que antes no era accesible ni siquiera a quien interponía un recurso contencioso-administrativo. Por otro lado, se analizan las posibilidades reales de la sustitución de los recursos administrativos por procedimientos alternativos de resolución de conflictos, un cambio siempre aplazado por el legislador pero cuyo alcance ya puede ser calibrado a la luz de experiencias sectoriales y del análisis del marco normativo. El libro continúa con un estudio de la invalidez de los contratos públicos en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que es el campo en la que se han producido, con la introducción del recurso especial en materia de contratación, las novedades más importantes en la tutela de quienes se enfrentan a la Administración.
En el ámbito del Derecho comunitario, que es donde se juega hoy una parte decisiva de la tutela de los ciudadanos frente al poder público, se expone el estado actual y la posible evolución futura de una cuestión tan clásica como fundamental, como es la legitimación de los particulares para la interposición del recurso de anulación. Por último, de vuelta al contencioso-administrativo, se analiza un problema concreto pero de gran trascendencia práctica en algunas situaciones: si la Administración, al retrotraer las actuaciones después de la anulación de un acto administrativo, está vinculada por los actos que se hayan dictado en aplicación del anulado y que hayan quedado firmes por no haber sido impugnados.
Las últimas legislaturas se han caracterizado por una sostenida actividad de reforma tributaria, en la que el conjunto de las modificaciones, en palabras del propio legislador, ha ido permitiendo una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, especialmente para los perceptores de rendimientos del trabajo o de actividades económicas de rentas más bajas, y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o personas con discapacidad.
Así, la discapacidad se ha configurado como uno de los grupos sociales a los que el legislador ha prestado mayor atención, por entender que requieren mayor protección.
Los poderes públicos son conscientes de la necesidad de avanzar en este campo y asumen que la «plena inclusión» de las personas con discapacidad es todavía «una asignatura pendiente en España». Asimismo, se busca una mayor coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el diseño de una política fiscal transversal, que traiga un reconocimiento igual de derechos, independiente del territorio, para acabar con la desigualdad y la inseguridad.
Por tanto, las perspectivas de futuro están abiertas y son esperanzadoras, por lo que es necesario seguir trabajando en esta línea.
El presente Informe, que publica el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), resume los asuntos debatidos en el seno de la Subcomisión de Fiscalidad de la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad, que se extienden a la totalidad del sistema tributario. Se incluyen los documentos de trabajo que sirvieron de soporte a los debates.
Especial atención dedica a los beneficios fiscales ligados al empleo de las personas con discapacidad, objetivo siempre esencial pero, coyunturalmente, todavía más prioritario.
En definitiva, el propósito es seguir trabajando y apoyando a las personas con discapacidad, pero no solo desde lo ya hecho, que es lo que aquí se presenta, sino desarrollando nuevas líneas de trabajo acordes con la evolución social y promotora de este grupo de población.
