El recurso a la participación ciudadana para legitimar democráticamente las normas europeas ha de situarse en el contexto de una política regulatoria que aboga por racionalizar la elaboración de actos legislativos, considerando que no se trata de legislar más, sino mejor. Precisamente, la participación de los ciudadanos en los procesos de producción normativa es uno de los elementos que caracterizan esta regulación de segunda generación, dirigida a la producción de normas cuya aprobación ha sido planificada de antemano, que pretenden ser efectivas y eficaces al incidir sobre cuestiones que realmente necesitan de una regulación europea, que tratan de anticipar sus efectos sobre el sector sobre el que se proyectan, y que están sometidas a un continuo proceso de evaluación durante su vigencia para detectar aquellos contendidos que pueden ser mejorados o que han devenido obsoletos o excesivamente gravosos.
El resultado es la llamada legislación inteligente, que hace uso de los mecanismos de la democracia participativa y los remodela y adapta a sus necesidades y objetivos, integrándolos en los procedimientos de elaboración de normas. En este trabajo se analizan los citados mecanismos, se valora su eficacia práctica y su repercusión en el ordenamiento jurídico, poniendo de manifiesto los problemas y carencias que impiden y dificultan su completa efectividad o los distraen del objetivo principal para el que fueron concebidos, al tiempo que se realizan propuestas dirigidas a reformular su tratamiento jurídico para adecuarlos a su finalidad primigenia.
María Jesús García García
es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Después de acabar sus estudios de licenciatura en Derecho obtuvo una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, obteniendo posteriormente el título de Doctora en Derecho.
Es autora de cuatro libros, El régimen jurídico de la rehabilitación urbana (Institució Alfons el Magnánim); La conservación de los inmuebles históricos a través de técnicas urbanísticas y rehabilitadoras (Thomson Reuters Aranzadi); Técnicas preventivas de protección ambiental en el régimen de uso y utilización del dominio público hidráulico ( Thomson-Aranzadi) y La sanción de prestaciones en beneficio de la comunidad en las ordenanzas de convivencia ciudadana (Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, CEMCI). También ha publicado distintos artículos en revistas especializadas sobre una gran variedad de temas relacionados con el Derecho Público.
En 2010 recibió el Premio de Estudios Locales por su trabajo La iniciativa popular reglamentaria como forma de participación de los vecinos en la elaboración de disposiciones generales de carácter local. En 2012 su trabajo La responsabilidad de los menores de edad por infracciones administrativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad como alternativa a la imposición de sanciones de contenido económico recibió el premio Melchor Almagro de Estudios Jurídicos. En 2019 ha recibido el premio Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión pública por su trabajo sobre la elaboración de normas en la Unión Europea, que está pendiente de publicación.
Ha sido magistrada suplente en régimen de adscripción permanente como medida de refuerzo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, Sala de lo contencioso-administrativo.
María Jesús García ha sido profesora invitada en la Universidad de Harvard en 2017 y miembro del Real Colegio Complutense en Harvard, institución de la que recibió una beca para realizar una estancia de investigación de tres meses en la Universidad de Harvard. En 2014 y tras finalizar su estancia de investigacioón recibió el nombramiento honorífico de Visiting Fellow en The Open University, Law School (UK). Ha impartido seminarios y conferencias tanto en la Universidad de Harvard, como en esta última universidad.
