Esta obra se centra en el análisis, desde un punto de vista jurídico penal, del tratamiento legal, doctrinal y jurisprudencial de la criminalidad organizada, en general, y del narcotráfico organizado, en especial. Así, la lucha contra la criminalidad organizada tras los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, ha tenido su reflejo en la legislación penal española, concretándose con la LO 5/2010 de 22 de junio de reforma de nuestro CP, en una regulación especialmente compleja, con tres vías sancionadoras: 1º el delito de asociación ilícita; 2º los subtipos agravados de pertenencia a organización criminal de la parte especial y 3º los delitos de organización, que comprende las organizaciones y grupos criminales. Dentro de esa segunda vía penalizadora de la criminalidad organizada se introduce en nuestro CP el art. 369 bis, lo que supone una ruptura sustancial de la regulación hasta ese momento del subtipo cualificado de pertenencia a organización delictiva, pues se configura un tipo delictivo autónomo que engloba, de una parte, las conductas tradicionales de tráfico de drogas, y, de otra parte, su comisión en el seno de una organización delictiva, previendo además un marco punitivo propio.
Se estudia la regulación de la criminalidad organizada en general, anterior y posterior a la reforma del CP del año 2010. La sinergia entre el tipo penal básico (art. 368 CP) y el subtipo agravado de pertenencia a organización delictiva es analizada con detalle tanto en lo relativo al objeto material como en lo que se refiere al bien jurídico protegido y las conductas típicas, efectuando una correlación analítica exhaustiva. Hay un análisis especial del concepto de organización delictiva, elemento normativo utilizado en el tipo objeto de estudio y para cuya determinación se debe acudir a otro precepto instalado en otro Título del mismo cuerpo legal, el art. 570 bis CP. Así mismo, y tras un análisis sobre quienes deben ser considerados jefes, administradores o encargados en el narcotráfico organizado, se plantean los problemas de autoría y participación que surgen precisamente en relación a los mismos, los cuales ordinariamente no tienen contacto directo con la sustancia prohibida pero que, sin embargo, son quienes obtienen mayores beneficios económicos. La nueva penalidad específica y autónoma establecida en el subtipo agravado se analiza junto con sus problemas concursales, cerrándose así el círculo de aspectos problemáticos de necesaria exposición.
INTRODUCCIÓN.
1. Fuentes y función procesal penal.
PRIMERA PARTE
CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL.
2. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico.
3. Los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al “Non bis in idem”.
4. Los derechos fundamentales procesales :(I) A un proceso con todas las garantías.
5. Los derechos fundamentales procesales: (II) A la presunción de inocencia de inocencia y a los recursos.
SEGUNDA PARTE
LOS PRESUPUESTOS PROCESALES.
6. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional :(I) Jurisdicción, competencia objetiva y funcional.
7. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: (II) La competencia territorial y por conexión.
8. Los presupuestos procesales de las partes.
9. Las cuestiones prejudiciales.
TERCERA PARTE
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.
10. El derecho de acción penal.
11. El derecho de defensa.
12. El objeto del proceso penal.
CUARTA PARTE
LA INSTRUCCIÓN.
13. La iniciación del procesamiento.
14. La fase instructora: (I) Concepto, contenido y clases.
15. La fase instructora: (II) Las diligencias policiales de prevención.
16. La fase instructora: (III) Las diligencias informativas del ministerio fiscal.
17. La fase instructora (IV).
18. Actos de imputación.
19. El contenido de la instrucción: Los actos de prueba dentro de la instrucción.
20. La prueba instructora anticipada y los actos de investigación (I).
21. Los actos de investigación (II).
22. Los actos de investigación (III).
23. La prueba preconstituida de la policía judicial.
24. La prueba preconstituida del juez de instrucción (I).
25. La prueba preconstituida del juez de instrucción: (II) La entrada y registro.
26. La prueba preconstituida del juez de instrucción: (III) La intervención de las comunicaciones postales, telefónicas y telemáticas.
27. La prueba preconstituida del juez de instrucción: (IV) LA intervención de las comunicaciones electrónicas.
QUINTA PARTE
LAS MEDIDAS CAUTELARES PENALES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES: (i) LA DETENCIÓN.
28. Medidas cautelares penales y resoluciones provisionales: (I) La detención.
29. Las medidas cautelares personales: (II) La detención policías y el “Habeas Corpus”.
30. Las medidas cautelares personales: (III) La detención judicial, prisión y libertad provisional y otras medidas.
31. Las medidas cautelares: (IV) Las medidas cautelares civiles.
SEXTA PARTE
LA FASE INTERMEDIA.
32. El sobreseimento.
33. Los actos de interposición y disposición de la pretensión penal.
SÉPTIMA PARTE
EL JUICIO ORAL.
34. El juicio oral.
35. Los actos de prueba.
36. Conclusiones y sentencia.
37. La cosa juzgada.
OCTAVA PARTE
LOS RECURSOS.
38. Régimen general y recursos ordinarios.
39. Los recursos extraordinarios y de rescisión de la cosa juzgada.
NOVENA PARTE
LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES.
40. Los procesos ordinarios.
41. Los procesos ordinarios (II).
42. Los procesos especiales (I): los juicios rápidos.
43. Los procesos especiales (II): el proceso de aceptación de decreto, por injurias y calumnias, por delitos cometidos por medios o soportes mecánicos de difusión y el enjuiciamiento de diputados y senadores.
Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional
