450 Preguntas test ley 39 2015 (LPACAP)
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el marco jurídico básico para la regulación de los procedimientos administrativos en España.
Su objetivo es simplificar, modernizar y hacer más transparente la relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Esta ley es clave en la mejora de la eficiencia administrativa, la reducción de la burocracia y el fomento de la digitalización en el ámbito público.
Una de las principales innovaciones de la Ley 39/2015 es la obligación de las Administraciones Públicas de tramitar los procedimientos administrativos de manera electrónica. Favoreciendo la accesibilidad y la eficiencia en el uso de recursos.
Además, establece la obligatoriedad de que los ciudadanos se relacionen electrónicamente con las Administraciones cuando se encuentren en situaciones donde no sea posible o no sea adecuado el uso del papel. Esto refuerza la modernización del sistema administrativo y promueve la transparencia.
La ley también establece los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los procedimientos administrativos. Los cuales se deben respetar por parte de todas las Administraciones.
Esto incluye, por ejemplo, el derecho a ser informado, el derecho a la audiencia, el derecho a obtener una resolución expresa en los procedimientos y el derecho a la tramitación sin dilaciones indebidas.
Otro aspecto clave de la Ley 39/2015 es la regulación del principio de “confianza legítima”. Este principio busca garantizar que los actos administrativos no sean anulados o modificados de manera arbitraria. Protegiendo la seguridad jurídica de los ciudadanos que han actuado de buena fe.
La ley también incorpora un enfoque más proactivo en la comunicación entre Administraciones y ciudadanos. Facilitando el acceso a la información sobre los trámites y procedimientos, y estableciendo plazos claros para la resolución de los procedimientos.
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