Inteligencia artificial y proceso. Eficiencia vs. garantías

Inteligencia artificial y proceso. Eficiencia vs. garantías

La presente monografía sobre “Inteligencia Artificial y Proceso (Eficiencia vs Garantías)” es fruto de la participación colectiva de un elenco de figuras relevantes de la academia, la abogacía y la magistratura que, en el curso académico 2021/2022, bajo la supervisión científica del Prof. Dr. David Vallespín y la financiación del Observatori de Dret Públic (IDP Barcelona), han enfrentado el análisis de los principales retos y desafíos que plantea la aplicación de la IA en el ámbito de la Administración de Justicia.

El problema no es tanto que un robot pueda sustituir al juez humano (de hecho, ya existen diferentes experiencias que así lo demuestran), sino más bien tener claro si dicha sustitución nos va a abocar, para bien, a una sociedad más justa o si, por el contrario, acabará por situarnos ante un escenario de dictadura digital. En este contexto, parece que el futuro inmediato de la aplicación de la IA en la Administración de Justicia deberá pasar por la consecución de un justo y nada fácil equilibrio entre la eficiencia procesal y el respeto del modelo constitucional de juicio justo. Futuro en el que la presente obra colectiva enfrenta el análisis de la robotización de la valoración probatoria, los juicios telemáticos, los testigos virtuales y online, los smart contracts, los títulos ejecutivos electrónicos e inteligentes, la gobernanza algorítmica de la era digital, la mediación avatar, la gestión eficiente de los “puertos inteligentes”, las exigencias éticas de la UE en materia de IA, la rendición de cuentas, la motivación de las resoluciones judiciales, la cibercriminalidad informática y las implicaciones de la IA en orden a la formación de la jurisprudencia.

Una obra, por tanto, escrita hoy, pero pensando en un futuro inmediato que, a buen seguro, puede resultar de utilidad a los estudiosos del Derecho en el marco de la revolución industrial 4.0 (constitucionalistas, procesalistas, civilistas, penalistas, administrativistas, mercantilistas e internacionalistas), así como también a todos aquellos profesionales del Derecho (en particular, los abogados) que deberán manejarse ante un escenario, con más o menos intensidad, de “robotización” judicial.