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1ª edición, agosto 2009
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SINOPSIS
El 22 de agosto de 1994, el acuerdo político fundacional del Estado argentino se vio reformulado. La Constitución Nacional adquiriría, así, rasgos nítidos en la prudente configuración expresa de un Estado democrático de Derecho con proyección hacia la tutela de los derechos sociales del individuo.
En materia de organización institucional del Estado, la reforma constitucional introdujo distintos organismos de carácter novedoso. Entre ellos, el Ministerio Público, con la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Los artículos que presenta esta obra indagan en torno a la ubicación institucional del Ministerio Público, su correcta estructuración, su independencia, la facultad del jefe de la corporación de impartir instrucciones a sus inferiores jerárquicos y el control parlamentario del Ministerio Público Nacional, promoviendo un debate sobre su repercusión en el principio republicano y su eventual impacto en los sistemas legislativos provinciales.
