Lenguaje poder y derecho en la edad de la información
Pablo Meix Cereceda es Profesor Titular de Derecho Administrativo en el campus de Albacete (Facultades de Derecho y Relaciones Laborales).
Licenciado en Derecho (2006) y Doctor en Derecho (2012) por la Universidad de Cantabria, ha ampliado su formación en distintas universidades europeas (Bayreuth, Tubinga, Bochum, Roma Tres, entre otras). También ha sido invitado como profesor visitante a la Universidad de Pretoria y colabora habitualmente con la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.
Sus principales líneas de estudio tratan sobre el Derecho del sistema educativo y sobre las relaciones entre lenguaje y Derecho. Ha escrito dos monografías: Descentralización de la enseñanza y derechos fundamentales. Un estudio comparado entre España y Alemania, (Ed. INAP, 2013) y El derecho a la educación en el sistema internacional y europeo (Ed. Tirant lo Blanch, 2014).
También es autor de una treintena de trabajos más breves publicados en revistas y obras españolas e internacionales, entre las que destaca la Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Oxford University Press, 2017).
Contacto: pablo.meix@uclm.es
Este libro pone de manifiesto la dimensión política y jurídica del lenguaje, profundizando en las relaciones de este con la legitimidad del poder y con las libertades en la comunicación.
En una primera parte se pretende introducir al jurista en el estudio del lenguaje.
Para ello se exponen, a modo de fundamentos, algunas elaboraciones de la lingüística, la filosofía del lenguaje y el Derecho público.
La segunda parte del estudio analiza el lenguaje como medio para ejercer y justificar el poder, es decir, como vehículo del Derecho. Se reflexiona sobre el concepto de legitimidad y sus modalidades, para indagar después en cómo el lenguaje jurídico puede favorecer o, por el contrario, debilitar la legitimidad de la organización política.
En relación con ello, se critica la apelación a la objetividad como un «subterfugio» del poder para no justificar las decisiones y se propone un orden de prioridad para las exigencias de precisión, claridad, concreción y concisión en el lenguaje jurídico.
La tercera parte, en fin, estudia el lenguaje como objeto de regulación lingüística y jurídica, con especial atención a las libertades relativas a la comunicación. Dicha regulación serviría para mantener, mediante las Academias, la unidad de la lengua y también cuidar sus reglas propias, su funcionalidad e incluso su belleza.
Además, la actividad de ordenación debe, mediante el sistema educativo, evitar que el lenguaje se convierta en una vía de adoctrinamiento, como podría suceder al priorizar determinadas formas lingüísticas por razones de corrección política. Teniendo en cuenta un precedente alemán y otro francés, se reflexiona también sobre los medios, finalidades y límites de la actividad estatal de regulación del lenguaje.
