Esta es para mí una ocasión especial, porque mediante las siguientes líneas voy a presentar un estudio que abre grandes posibilidades teóricas y prácticas para buscar soluciones a uno de los peores efectos que estamos padeciendo en el momento actual de grave crisis económica, como es elevado número de personas desempleadas.
Sin entrar en valorar todos y cada uno de los elementos que han llevado a los países desarrollados a generar y padecer la gravísima crisis económica de los ya cuatro últimos años, si es conveniente resaltar que el periodo de bonanza económica de los doce años anteriores al inicio de la crisis se ha sustentado en un modelo económico donde el principio del libre mercado, se ha basado en un reducido control de los mercados por los poderes públicos acompañado de una escasa reglamentación de los mismos, lo que ha permitido que las actuaciones irresponsables de los agentes económicos asociadas a la permisibilidad de los gobiernos hayan propiciado malas prácticas financieras, que a su vez han alimentado burbujas inmobiliarias, haciéndonos ver que los ciudadanos éramos más ricos, mediante el incremento de nuestro patrimonio personal, y que éramos participes de lo que se ha venido en llamar el «capitalismo popular».
El cuento terminó, y hemos bajado a la realidad, no éramos tan ricos, aunque una minoría si se ha aprovechado de este liberalismo económico para serlo, y ahora toca pagar los desmanes y el descontrol, pagando más impuestos, con menor renta disponible, menores prestaciones sociales y con muchos ciudadanos que han perdido sus empleos.
En este escenario, la perdida de empleo es el elemento más negativo, y la adopción de medidas que permitan que los que trabajan sigan teniendo empleo, que los que lo han perdido vuelvan a tenerlo y que los jóvenes demandantes del primer empleo lo consigan, es el objetivo fundamental en el que todos tenemos que implicarnos, y en especial los Gobiernos y los agentes económicos y sociales.
Entre las distintas medidas que se han venido aprobando en los últimos años, algunas de dudosa eficacia para conseguir generar empleo, hay una que tiene especial valor, y es la de promover el empleo mediante agencias de colocación privadas.
Este tema, el de agencias de colocación de carácter privado, ha venido siendo tratado a lo largo del tiempo bajo posiciones excesivamente extremas y hasta podíamos decir ideologizadas. Aquellos que pedían su existencia, lo hacían denostando el papel de los servicios públicos de empleo, argumentando que desde las oficinas púbicas de colocación no se generaba empleo, y reafirmaban su posición dando como dato el escaso nivel de intermediación de empleo que gestionan dichos servicios públicos. Por esta razón demandaban la legalización de las agencias privadas de colocación.
Por el lado contrario, los que se oponían a las agencias privadas de colocación, manifiestan que su existencia iría en detrimento de los servicios públicos de empleo, de la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores de cara a la obtención de un empleo, y a mercantilizar un servicio que por su fin social debería ser público.
Estas posiciones, que en algún caso son maximalistas, no tienen lógica en ningún momento, y menos en el actual con una tasa de desempleo en España cercana al 25 %.
El objetivo es tener diversos servicios de colocación, tanto públicos como privados, que sean eficaces en la gestión de empleos, que permitan a los empresarios que quieren contratar tener una información veraz y transparente para que puedan elegir, que los trabajadores que quieren tener empleo, puedan acceder a las distintas ofertas de empleo sin que por ello tengan que pagar, premisa recogida en la OIT sobre servicios de empleo gratuitos para los trabajadores, que es compatible con que los empresarios paguen a las agencias de colocación por que estas les busquen los empleos más adecuados a sus necesidades, y que los trabajadores puedan ser asesorados y formados para mejorar sus posibilidades de contratación y para, también, poder autoemplearse.
