Antoni Pigrau Solé La participación de los ciudadanos en la defensa del medio ambiente en cuanto bien jurídico colectivo constituye un elemento crucial para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo consagrados por la Constitución Española. La definición jurídica de esta participación y su instrumentación a través de mecanismos legales que la hagan real y efectiva constituyen en la actualidad uno de los ámbitos en los que con mayor intensidad ha evolucionado el Derecho ambiental. En esta línea, debe situarse la aprobación de Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que supone un paso muy importante hacia la democracia ambiental. Esta Ley define, en nuestro ordenamiento, el marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, y las Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE. A través de la articulación de los tres pilares de información, participación y justicia, pone las bases para un cambio de paradigma en la actuación de los poderes públicos en este ámbito, con actitudes más transparentes y más participativas. El análisis y la configuración de estos derechos constituye el objeto central de esta obra, que pretende ser un instrumento útil para los operadores jurídicos y una herramienta de difusión de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, tanto para la ciudadanía y las organizaciones ambientales como para las propias autoridades públicas encargadas de su aplicación y los juristas.
