Las relaciones entre el Derecho comunitario y el interno se han analizado tradicionalmente desde la perspectiva de la articulación entre ordenamientos. Sin embargo, se aprecia la necesidad de ir más allá, examinando cómo se traban las relaciones jurídicas en el concreto ámbito de la inspección, qué obligaciones imponen las normas europeas en este sector, qué deficiencias se perciben o cómo se articulan los mecanismos de información y colaboración entre Administraciones.
A diferencia del panorama general de la sociedad internacional, las Comunidades Europeas presentan unas características que favorecen tanto la aplicación de su ordenamiento jurídico como las actividades de inspección por parte de sus Instituciones.
Por ello, este trabajo examina las bases legales de la potestad de inspección en el ordenamiento comunitario, los concretos medios con los que cuenta, en particular, la Comisión Europea para poder recabar información a los efectos de llevar a cabo las funciones que tiene encomendada, la actividad comunitaria de inspección en distintos sectores de actuación, caso de la política de competencia, agricultura, pesca, aduanas, o el papel de organismos específicos como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como los límites de la potestad inspectora.
