La incapacitación Instituciones tutelares
Familia Nº 74. Febrero 2008
Las instituciones jurídicas que tienen por finalidad la protección de los menores o incapacitados son objeto de estudio en la presente recopilación jurisprudencial. Las figuras que conforman estos organismos son principalmente la tutela y la curatela, y a ellas se unen el defensor judicial y el guardador de hecho.
Desde que una persona es declarada incapaz y la resolución judicial declara su incapacidad total o parcial surgen cuestiones que han sido resueltas por la jurisprudencia. Agrupamos resoluciones que se refieren al orden de preferencia que se ha de seguir en el nombramiento del tutor, las causas que pueden alegarse como excusa para el desempeño del cargo, así como los diferentes tipos de tutela posibles. Para que el ejercicio de la tutela tenga un correcto desarrollo, debemos ver si se cumplen los requisitos que harán que el tutelado o menor quede amparado en la atención personal y patrimonial, cuáles son las obligaciones que tiene el tutor para con el pupilo, para que se complementen sus carencias o se gestione su economía o, en resumidas cuentas, se dé cierta seguridad jurídica a la persona cubierta por esta institución. También analiza la relación del tutor con jueces y tribunales para que a través de la jurisdicción voluntaria se puedan crear lazos que vigilen la actuación tutorial.
La tutela termina si se incumple o se da mal uso a la institución tutelar que conlleva la remoción de los nombrados, atendiendo también en este recopilatorio a las causas que llevan a dicha situación. Igualmente se le da fin si fallece el tutelado o recupera su capacidad.
Nos ocupamos igualmente de la curatela, que es una institución de protección de personas de limitada capacidad, que se caracteriza por que el curador no suple la capacidad de incapacitado, sino que la refuerza en aquellos actos que precisen su intervención, recogiendo asimismo supuestos sobre curatela de los pródigos.
Finalizamos haciendo referencia a figuras como el defensor judicial, que interviene cuando existen conflictos de intereses entre los incapacitados y sus representantes, así como el guardador de hecho, cuya función es realizar actos en interés de los menores o incapaces.
