Delito de Intrusismo. Estudio Doctrinal, Legislativo y Jurisprudencial
El «Delito de Intrusismo» se refiere al ejercicio de actividades profesionales sin la debida autorización o titulación requerida legalmente.
Este delito está tipificado en el artículo 403 del Código Penal español, que establece sanciones para quienes realicen actos propios de una
profesión sin poseer el título académico correspondiente expedido o reconocido en España. La pena para esta conducta es una multa de doce
a veinticuatro meses. Si la actividad profesional exige un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio,
y el individuo no posee dicho título, la pena se reduce a una multa de seis a doce meses. Además, se impondrá una pena de prisión de seis meses a
dos años si el culpable se atribuye públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido o si ejerce los actos en un local o establecimiento
abierto al público donde se anuncie la prestación de servicios propios de esa profesión.
El bien jurídico protegido por este tipo penal es de carácter pluriofensivo, afectando a:
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El individuo que recibe la prestación profesional del intruso, quien puede sufrir perjuicios debido a la falta de cualificación del falso profesional.
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La corporación profesional correspondiente, ya que la conducta intrusa menoscaba la integridad y reputación de la profesión.
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La sociedad en general, que tiene interés en que las personas que ejercen determinadas profesiones estén debidamente cualificadas y autorizadas,
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garantizando así la seguridad y confianza en los servicios prestados.
Para que se configure el delito de intrusismo, es necesario que se realicen actos propios de una profesión específica sin poseer el título oficial requerido.
Estos actos son aquellos que están reservados exclusivamente a profesionales debidamente titulados y colegiados, según la normativa vigente. La mera
realización de un acto aislado puede ser suficiente para la consumación del delito, sin necesidad de habitualidad en la conducta.
En resumen, el delito de intrusismo busca proteger la correcta práctica profesional, asegurando que solo personas debidamente cualificadas y autorizadas
ejerzan actividades que requieren una formación y acreditación específicas, salvaguardando así los intereses de los particulares, las corporaciones profesionales
y la sociedad en su conjunto.
