El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que regirá en España los próximos cinco años constituye un conjunto de 213 medidas que fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017 y han sido ratifi cadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local en diciembre de 2017.
De entre las medidas que lo integran, las relativas a las reformas penales sustantivas y procesales que se proponen articular tienen un sesgo claramente punitivista, además de perseguir casi con carácter exclusivo la modificación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se seguirá así manteniendo como la principal norma jurídica mediante la que actuar la política criminal española en este ámbito. Frente a dicha opción político-criminal, esta obra sostiene que la LO 1/2004 constituye hoy en día una norma obsoleta cuyos Títulos IV y V deberían desaparecer.
Los argumentos para sostener esta conclusión que aquí se exponen se centran en el cambio de paradigma tanto del pensamiento feminista contemporáneo como del abordaje normativo de la violencia de género a nivel internacional. En el plano interno, razones derivadas de los problemas aplicativos y de los défi cits aproximativos de los que adolecía la LO 1/2004 y la política criminal que encarna, abundados con la aprobación de ulteriores reformas penales, apoyan también la conveniencia de su supresión.
